El problema de la vivienda en Portugal ha alcanzado un nivel de gravedad nacional. El precio medio de venta de las casas en Lisboa superaba ya el año pasado los precios existentes en ciudades europeas como Milán, Madrid y Barcelona, cuando el nivel medio de los sueldos son significativamente menores. Y con el alquiler sucede lo mismo, situándose el precio entre el de Milán y el de Madrid. Ante esta situación el gobierno luso del socialista António Costa ha decidido la intervención directa sobre el mercado inmobiliario.
El plan presentado por el Gobierno incluye una gama amplia de medidas que van desde la obligación de alquilar los inmuebles vacíos, la imposición de un techo máximo a las subidas de los alquileres ampliado también a los nuevas viviendas y la prohibición de nuevas licencias para pisos turísticos hasta la suspensión del programa de concesión de visados de residencia a extranjeros por inversiones en el país -los llamados «visados de oro»-; es decir, una intervención directa sobre el mercado de la vivienda.
Respecto a los precios de alquiler, la medida trata de parar las subidas descontroladas que fuerzan a la gente a abandonar los hogares donde residen. Por ello, se aplicará un techo máximo de subida a los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas, vinculándolo tanto a la evolución económica como a las previsiones de la inflación. Pero también se incorporan beneficios fiscales para los propietarios para favorecer así el arrendamiento de larga duración.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística luso tiene censadas 723.215 viviendas vacías en todo Portugal. Con la medida planificada el Estado los alquilará a los propietarios para a su vez -actuando como un intermediario inmobiliario- subarrendarlos con contratos de cinco años como mínimo, encargándose de cobrar al inquilino y de pagar al propietario.
El precio de estos alquileres nunca podrá sobrepasar el 35 por ciento de los ingresos del núcleo familiar arrendatario. En el caso de existencia de impagos el Estado asumirá las rentas impagadas -para que así los propietarios sigan cobrándolas-, y se encargará de buscar la solución para la deuda con el inquilino, evitando todo lo posible el desahucio.
Más pisos turísticos que hogares
En algunos distritos de Lisboa se ha llegado al extremo de que el sesenta por ciento de las casas en alquiler sean pisos turísticos. A finales de diciembre del pasado año había 108.523 viviendas registradas oficialmente en Portugal para ofertar al turismo. Aunque han generado en cierta medida la rehabilitación de los centros históricos de Lisboa y Oporto, la consecuencia dolorosa ha sido la progresiva expulsión de muchos residentes locales con niveles bajos de ingresos y su sustitución por habitantes con un muy elevado poder adquisitivo.
El Gobierno va a prohibir la creación de nuevos pisos turísticos en todo el país -a excepción de proyectos rurales que beneficien a pequeñas localidades- debido a la subida de precios que generan en el mercado del alquiler. Incluso se revisará la licencia de los actualmente en activo. Así aumentará la oferta de viviendas para inquilinos permanentes.
La voluntad política, el factor clave
El Gobierno luso ha decidido llevar a cabo una intervención directa sobre el mercado de la vivienda. Una decisión que, hasta ahora, el primer ministro António Costa, no había contemplado. Un cambio que está todavía en proceso de consulta pública y parlamentaria, pero como el Partido Socialista gobierna con mayoría absoluta llegará a buen puerto.
Y mientras tanto en España… falta voluntad política
En nuestro país, el año pasado los alquileres alcanzaron máximos históricos en 42 de las 50 capitales provinciales -es decir, la mayoría- con subidas desbordadas de los precios. Junto a Barcelona y Madrid, destacan ciudades como Málaga, Valencia, Palma, Santander y A Coruña.
Los precios se han elevado entre un 12,5 y un 25 por ciento desde que los fondos extranjeros se han apoderado del mercado de la vivienda. El estadounidense Blackstone es el segundo mayor propietario de viviendas en alquiler en España, con veinte mil pisos, solo superado por CaixaBank. Blackstone significa miles de subidas abusivas de los alquileres, acoso inmobiliario para vender pisos y desahucios de familias vulnerables.
Falta voluntad política de enfrentarse a la raíz del problema. En Dinamarca el 40,8 por ciento es vivienda de alquiler. Y en julio de 2020 su Parlamento aprobó una ley -llamada Ley Blackstone- que prohibió a los nuevos propietarios subir los alquileres durante cinco años y ofrecer a los inquilinos dinero para que se fueran, todo ello con el objetivo de impedir que los fondos buitres como Blackstone invadieran y generaran una infernal escalada de los precios en los arrendamientos con grave perjuicio para muchos ciudadanos.
El parque público de viviendas es ínfimo
Existe una dificultad existente en España para alquilar un piso digno en condiciones asequibles, especialmente para la población joven y con escasos recursos. En nuestro país, en 2021, el porcentaje de población con vivienda en régimen de arrendamiento era del 24,2 por ciento, pero la oferta de vivienda pública solo llegaba al dos por ciento de todas las casas.
La oportunidad de la Sareb
La Sareb -acrónimo de Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria- se creó para que se rescataran con dinero público -nuestro dinero- los activos tóxicos de las cajas y bancos, es decir, ha llegado a concentrar las viviendas acabadas o en construcción sin vender y las deudas a los bancos de promotores y constructoras fallidas, que suman 45.147 viviendas, 21.697 obras en construcción y 30.487 terrenos urbanizables. A esto hay que añadir los créditos de los promotores inmobiliarios garantizados con viviendas y suelos.
Hace falta un parque de viviendas con alquileres asequibles
¿Qué se debería hacer con la Sareb? Que cumpliera una función social y constituyera un gran parque de viviendas con alquileres estables y asequibles. Que así se paralizaran los desahucios. Que las viviendas de la Sareb pasaran a las distintas comunidades autónomas para crear parques de vivienda social que atendieran las necesidades más acuciantes y controlasen el precio de los alquileres. Y no -como se ido haciendo- irlas vendiendo a través de los fondos buitre estadounidenses como Blackstone y KKR.
