Amnistía Internacional reclama que el gobierno reconocido internacionalmente en Yemen y las autoridades de facto huzíes deben poner en libertad a todas las mujeres que han cumplido pena de prisión pero siguen todavía recluidas arbitrariamente por falta de un tutor masculino que se haga cargo de ellas a su liberación.
Las autoridades penitenciarias de distintos puntos de Yemen mantienen encarceladas a las mujeres que han cumplido su condena si ningún tutor masculino aprueba su puesta en libertad o, si sus familiares se niegan a recibirlas, únicamente las transfieren a albergues para mujeres.
Condicionar la salida de prisión de una mujer a la aprobación de un tutor masculino es una práctica tradicional que se aplicaba ya mucho antes de que surgiera el conflicto armado en 2015.
«Es inaceptable que las autoridades de Yemen sigan considerando y tratando a las mujeres como personas incompletas, sin capacidad de acción, que necesitan de un tutor masculino para desarrollar su vida cotidiana. Las costumbres tradicionales deben evolucionar, como hace toda sociedad, para garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad», ha afirmado Grazia Careccia, directora regional adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.
Un antiguo empleado de la prisión central de Saná, controlada por los huzíes, explica que el requisito del tutor masculino viola los derechos de las mujeres.
«Una mujer lleva cinco años privada de libertad arbitrariamente tras haber cumplido su condena, otra permaneció retenida en prisión durante dos meses hasta que llegó su hijo del extranjero para hacerse cargo de su salida. En 2019 se entregó una mujer a su padre, quien la asesinó apenas una semana después»
Dos abogados yemeníes comunicaron a Amnistía Internacional que esta práctica carecía de base jurídica y simplemente estaba arraigada en las normas sociales.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconoce explícitamente que el origen de muchos abusos contra los derechos de la mujer se halla en normas sociales y culturales nocivas. Dicha Convención obliga a los Estados a tomar las medidas adecuadas para eliminar tales normas y prevenir la discriminación de género e interseccional, la violencia por motivos de género y otros abusos relacionados contra los derechos humanos.
En los albergues, las mujeres siguen un programa de rehabilitación que las ayuda a adquirir aptitudes profesionales o a reforzarlas. Algunas mujeres se casan y dejan el albergue; otras siguen en él hasta que encuentran trabajo. En algunos casos, la administración del albergue consigue reconciliar a las mujeres con sus familiares para que puedan regresar a su hogar.
Los albergues de mujeres se coordinan con la administración penitenciaria y la fiscalía para garantizar que se transfieran las mujeres a ellos. Una vez que una mujer está preparada para abandonar definitivamente el albergue, es preciso notificarlo a las autoridades penitenciarias, aunque no exista base jurídica que impida su salida.
«La tutela masculina es un instrumento de control social sobre la vida y las libertades de las mujeres, que no debe legitimarse con este tipo de prácticas. Las autoridades deben trabajar para eliminar la discriminación contra las mujeres y acabar con la tutela masculina tanto en la legislación como en la práctica, aunque para lograrlo haya que poner en entredicho las normas sociales existentes. Hay que abrir albergues para las mujeres en situación de riesgo, pero también garantizar que no se obliga a ninguna mujer a residir en ellos sin su consentimiento», ha declarado Grazia Careccia.
