El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 se ha aprobado este 24 de noviembre 2022 en el Congreso de los Diputados por una holgada mayoría de la izquierda parlamentaria y partidos nacionalistas que pone de relevancia la capacidad de diálogo del Gobierno y el elevado apoyo parlamentario a su política económica y social que representan unas cuentas públicas elaboradas para la mayoría social del país, informa La Moncloa.
En concreto, los Presupuestos Generales del Estado de 2023 presentados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública han recibido el respaldo de diez formaciones políticas (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Coalición Canaria, Compromís y PRC) y ahora continuará su trámite en el Senado.
El objetivo es que las cuentas públicas estén aprobadas en tiempo y forma y, por tanto, entren en vigor el 1 de enero de 2023 por tercer ejercicio consecutivo, algo que no ocurre desde mediados de la pasada década.
En este sentido, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado que la aprobación de los Presupuestos otorga «estabilidad y confianza» a España y supone un mensaje «muy positivo» para atraer inversiones al país, como ya ha ocurrido en las últimas semanas, además de beneficiar a la clase media y trabajadora, a las pymes y a los autónomos.
La aprobación de las cuentas en el Congreso de los Diputados tiene lugar unos días después de que la Comisión Europea haya dado su aval al Plan Presupuestario del Gobierno, destacando su carácter prudente y considerando que tanto las previsiones de crecimiento como de déficit y deuda están en línea con las expresadas por las autoridades comunitarias.
Revalorización de las pensiones y más recursos para los jóvenes
Los Presupuestos de 2023 están elaborados con el objetivo de reforzar el Estado de Bienestar e impulsar la eficiencia económica. Así, las cuentas públicas recogen un gasto social récord que alcanza los 266.719 millones de euros, sin incluir los fondos europeos. La cifra se eleva hasta los 274.445 millones con los recursos comunitarios.
De hecho, los Presupuestos incluyen el mayor gasto de la historia en becas, sanidad, dependencia o pensiones. En este sentido, las cuentas garantizan el poder adquisitivo de los pensionistas al recoger una revalorización conforme al IPC, lo que supondrá un aumento alrededor del 8,5 por ciento. Una medida que es compatible con la sostenibilidad del sistema ya que, por primera vez en trece años se incrementa la denominada ‘hucha de las pensiones’ con una aportación del Estado al Fondo de Reserva de 2957 millones procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
El apoyo a los pensionistas es compatible con aumentar los recursos destinados a los jóvenes, cuyas políticas aumentan un 13,2 por ciento y alcanzan los 12.741 millones. Entre las medidas específicas para ese colectivo en 2023 se encuentra la prórroga de los 250 euros del bono de alquiler joven o la extensión de los 400 euros del bono cultural joven para que quienes cumplan dieciocho años el próximo curso tengan un mayor acceso a la industria cultural.
Para cumplir el compromiso del Gobierno de tener unos servicios públicos de calidad es necesario dignificar el empleo público. Por eso estos Presupuestos también recogen una revalorización salarial para los trabajadores del sector público del 2,5 por ciento en 2023, un incremento que podría aumentar hasta en un punto adicional en función del cumplimiento de diversas variables vinculadas a la inflación y al incremento del PIB nominal. Hay que tener en cuenta que esta revalorización se hace sobre la retribución consolidada de 2022, que incluye un aumento adicional del 1,5 por ciento a la subida del 2 por ciento ya aprobada en las pasadas cuentas públicas.
Medidas para mitigar el impacto del alza de precios
Asimismo, los Presupuestos también incorporan medidas destinadas a mitigar el impacto de la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania en los sectores más vulnerables. En este sentido, el Ingreso Mínimo Vital se revalorizará también en torno al 8,5 por ciento, lo que beneficiará a 1,2 millones de personas.
Por su parte, el IPREM, el índice de referencia utilizado para la concesión de numerosas ayudas, aumenta un 3,6 por ciento y se situará en los 600 euros. Otra medida para mitigar el encarecimiento de los precios de la energía es el incremento en 102 millones del bono social térmico.
Además, para avanzar en la política del Gobierno de proteger a los colectivos más vulnerables, estos Presupuestos incluyen un refuerzo para los parados mediante el incremento de la cuantía de la prestación contributiva por desempleo del 50 al 60 por ciento de la base reguladora a partir de los seis meses. Esto supondrá que unos 300.000 parados en esta situación podrán recibir cien euros más de media al mes.
Para mitigar el encarecimiento de precios derivado de la guerra estas cuentas públicas también recogen iniciativas que benefician a la clase media y trabajadora como es la gratuidad del transporte público de Cercanías, Rodalies y Media Distancia.
Las cuentas públicas también muestran el compromiso del Gobierno con las políticas de igualdad y conciliación. De hecho, se destinan 201 millones al Plan Corresponsables, de los cuales 190 millones se transferirán a las Comunidades Autónomas. También se elevan en 51 millones las partidas para luchar contra la violencia de género.
Más inversión para transformar el modelo productivo
Uno de los pilares sobre los que se elaboran estos Presupuestos es avanzar hacia un nuevo modelo productivo basado en la eficiencia, la investigación y la cohesión territorial. Para ello, las cuentas públicas cuentan con una inversión real de 11.867 millones de euros, lo que supone un incremento del 33 por ciento.
Gran parte de ese impulso se debe a las inversiones recogidas en el Plan de Recuperación, que suma 25.156 millones entre las anualidades del Mecanismo de Recuperación, el REACT-UE y la adenda, una vez que se han conocido las cantidades definitivas que asigna la UE por los fondos europeos.
Para lograr esa transformación es clave impulsar las políticas de I+D+i, que se incrementan un 22,8 por ciento hasta los 16.328 millones de euros.
Por último, los Presupuestos de 2023 también mantienen el compromiso con la financiación de las administraciones territoriales. Así, las Comunidades Autónomas recibirán 135.274 millones en concepto de entregas a cuenta y por la liquidación de 2021. Supone una cifra sin precedentes y que implica un incremento de la financiación del 24 por ciento respecto a este ejercicio.
En el caso de los ayuntamientos, las entregas a cuenta y liquidación positiva de 2021 se traducirán en 23.235 millones, un cinco por ciento más que el año anterior.
