La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) sostiene que la situación en la Comunidad de Madrid es crítica y llama a participar en la manifestación del próximo 13 de noviembre, que partiendo en cuatro columnas desde Nuevos Ministerios, Ópera, Atocha o el Hospital de la Princesa, terminará en la Plaza de Cibeles.
Argumenta esta decisión en que el gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso lleva al limite al sistema sanitario público de la región, que es el que tiene el presupuesto por habitante más reducido de España, la financiación de la Atención Primaria más baja de todo el país, un número de camas hospitalarias que está por debajo del promedio nacional y en descenso y donde existen continuas iniciativas privatizadoras que merman los recursos para los centros públicos.
Y recuerda que a estos hechos no se pone solución en los presupuestos sanitarios presentados por la Comunidad para 2023.
Para la ADSPM, la actual crisis de la Atención Primaria no es sino el colofón de esta situación provocada por una gestión incompetente y dirigida a destruir y deteriorar el sistema sanitario público para favorecer los intereses del sector privado (conviene recordar que Madrid es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población con un seguro privado y en la que más crece este sistema).
El empeño de la Comunidad de Madrid en abrir los PAC en unas condiciones inapropiadas, sin personal y con iniciativas desaconsejadas por la propia UE para la atención de urgencias (como las videollamadas) no ha hecho sino empeorar la situación, como lo hace el que se pretenda responsabilizar a los profesionales de lo que solo es resultado del maltrato del gobierno regional a la Sanidad Pública, y que puede tener el efecto de incentivar los enfrentamientos de la población con unos trabajadores sanitarios que se ven imposibilitados, por falta de medios humanos y materiales, para garantizar un funcionamiento adecuado de los servicios sanitarios.
Concluye que es necesario poner freno a esta política de destrucción de una Sanidad Pública de calidad, universal y accesible, y por eso consideran muy importante sumarse a las movilizaciones que se convoquen, y llaman a los profesionales y a la ciudadanía a participar el próximo día 13 de noviembre a las 12 horas en la manifestación convocada en Madrid para reivindicar una Atención Primaria de calidad para toda la población.
Carmen Esbrí tras más de mil quinientos días de Marea Blanca
En un artículo publicado en elboletin.com, Carmen Esbrí, activista de Marea Blanca Madrid y coordinadora estatal de Mareas Blancas, indica que la manifestación convocada para este 13 de noviembre es el producto de «cuatro densos, y a la vez vertiginosos, años de progresiva descapitalización» de la Sanidad púbica en la Comunidad de Madrid.
Describe que los activistas de la Marea Blanca de Madrid han desarrollado durante cuatro años seguidos un esfuerzo «pisando el asfalto de Madrid y mirando a los ojos a sus conciudadanos para decirles lo que no les dejan ver, de forma directa, sobre la mala praxis y perniciosa política edulcorada de la que somos víctimas y sobre las gravísimas consecuencias que persiguen eliminar el rastro universal y de calidad que nuestra Sanidad Publica tenía».
Recuerda que la Marea Blanca surge en Madrid con «la unión espontánea de ciudadanos y profesionales ante el choque frontal contra un gobierno neoliberal encabezado por un presidente no elegido, Ignacio González que provocó un incendio local tras la publicación de su Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid; con el que pretendía dar el hachazo definitivo para hacerla insostenible para usuarios y trabajadores».
Añade que antes, Esperanza Aguirre y sus sucesivos consejeros, Manuel Lamela y Juan José Güemes, «habían marcado ya la senda con la construcción de hospitales de titularidad privada en todo su funcionamiento o en la parte de gestión no sanitaria, con un generoso uso del dinero público para dar negocio a grandes constructoras y empresas bursátiles y otros que necesitaban especular en una diversificación de sus negocios y con el fin de paliar lo que se venía observando con la crisis inmobiliaria».
Hay referencias en el artículo a la responsabilidad en la deriva privatizadora de la sanidad pública de gobiernos de España presididos por Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, quien promovió el cambio constitucional del artículo 135, que luego puso en marcha Mariano Rajoy, para que todas las Administraciones Públicas adecuaran el gasto al principio de estabilidad presupuestaria; por el que el Estado y las Comunidades Autónomas no podrían incurrir en un déficit estructural que superara los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Explica Carmen Esbrí que «ese era el plan perseguido por los neoliberales; un plan para satisfacer a los grandes capitales haciéndonos creer que habíamos vivido y enfermado por encima de nuestras posibilidades» y había que liberalizar los servicios públicos, entre ellos la Sanidad Publica, «el más jugoso de todos por sus condiciones de uso de la totalidad de la población y por tanto por los números que ello arroja, siendo por tanto uno de los Servicios Públicos que procuraba más beneficios y mayores clientelas cautivas».
Meses después Ignacio González con su consejero Javier Fernández Lasketty publicaron el Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, «supuestamente para ahorrar pero que es insostenible y corrosivo», y por ello nació la Marea Blanca.
Recuerda muchos logros: «conseguimos que no se desmantelara el Hospital de la Princesa, aunque le restaron 20,5 millones de presupuesto; que se paralizara la privatización encubierta de los laboratorios aceptando el plan de los profesionales; que el Ministerio de Sanidad suspendiera el copago en ambulancias, prótesis, y otros repagos; que el Tribunal Constitucional parara el euro por receta, y que después lo declarara anticonstitucional; que se suspendiera la privatización de seis hospitales que estaban en modelo PFI y de los veintisiete Centros de Salud de su área de influencia, de la Unidad de Central de Diagnostico, y de todos los laboratorios públicos».
Se apuntan también como logro de la Marea Blanca «que dimitieran los consejeros Fernández Lasquetty y Javier Rodríguez», e «influir en la dimisión de la ministra Ana Mato, en tanto Javier Maldonado duró tan sólo cinco meses», además de «poner en boca» de los medios de comunicación la Sanidad Publica y su desastrosa gestión.
Pero, concluye Carmen Esbrí, «continúan los conflictos, queda mucho que recuperar, no existe la universalidad, se mantiene la privatización encubierta con las derivaciones y la privatización de lavandería, limpieza de los hospitales y centros de salud, la abusiva presión sobre los profesionales y el destrozo y no dotación de la Salud Mental, la saturación de las urgencias, listas de espera en aumento, los cierres de camas, la venta de la sangre altruistamente entregada por los donantes y el negocio que hace Cruz Roja, el problema acuciante de los enfermos de hepatitis C, el fortalecimiento y protección de la Fundación Jiménez Díaz y las dotaciones que recibe fuera de presupuesto, en tanto existe una falta de dotación económica para la atención primaria que no puede cubrir sustituciones, ni atender adecuadamente a los pacientes, por no decir que no tiene posibilidad alguna de cumplir con su obligada acción preventiva».
Agrega que ha ayudado a alcanzar este límite el haber «perdido la función permanente de una inspección seria, no se atiende a todas las quejas e informes que indican su deterioro; tampoco hay inspecciones en los hospitales con concesiones de algún tipo, ni en las empresas que están cobrando del dinero público a costa de descapitalizar los servicios públicos, menos de las empresas puramente privadas que no dejan de actuar en el grave tema sanitario que corresponde vigilar sin ninguna duda a las instituciones públicas».
Y declara finalmente que «estamos hartos de la publicidad engañosa de los políticos y de la propaganda pagada por nosotros para su ensalzamiento» y confiados en que «llevamos más de mil quinientos días de Marea Blanca, más convencidos que nunca que esto no era fácil, pero que la sincronización también en el Estado a través de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas y en Europa con la Red contra la Privatización sanitaria y Servicios Sociales encenderá la luz al final del túnel por el que caminaremos juntas sin dar ni un paso atrás».
