Ciudadanos de Madrid y Barcelona, junto a otras muchas ciudades europeas como Berlín, Berna, Bruselas, Londres, Milan, Napoles, Roma o Zurich, salieron a la calle este 15 de octubre de 2022 para exigir, frente a las embajadas del gobierno italiano, que ponga fin al «Memorándum ilegal y vergonzoso» que viola las leyes internacionales y los derechos humanos, por el que se procede a retornar a Libia a los solicitantes de asilo y refugio a los que se intercepta en el mar Mediterráneo, informa la Red Solidaria de Acogida.
En 2012, Italia fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por devoluciones en caliente de personas que huían de Libia. Para eludir esta condena, se firmó el Memorando de Entendimiento (MoU) en 2017.
Desde entonces, ha sido ampliamente cuestionado y denunciado por Amnistía Internacional, otras ONG de derechos humanos, ACNUR, las Naciones Unidas (ONU) y la propia Unión Europea.
«Refugees in Libya», un grupo de personas autoorganizadas solicitantes de asilo atrapadas en Libia, ha estado protestando contra las condiciones inhumanas establecidas por el MoU frente a la oficina de ACNUR en Trípoli, desde octubre de 2021, a pesar de la brutal represión a la que se enfrentan. A la fecha, más de trescientos de los detenidos en el desalojo violento del campamento de protesta en enero de 2022, siguen detenidos.
El MoU regula la cooperación entre Italia y Libia en materia de seguridad y migración irregular. Está financiado principalmente por la UE y ejecutado por la agencia fronteriza europea Frontex. Parte de ese dinero se destina a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que brindan una fachada humanitaria en lugar de cumplir con su deber de proteger a las refugiadas en Libia.
La realidad de la política italiana
- El Memorándum establece una externalización radical, instalando un régimen de muerte en las fronteras y en los campos de concentración libios. Los numerosos informes que destacan las atrocidades cometidas en Libia, financiadas por estos acuerdos italianos, son ampliamente conocidas. Desde 2017, unas cincuenta mil personas migrantes han sido devueltas a estos campos, después de haber sido interceptadas y capturadas por la llamada Guardia Costera. Libia no es un ‘lugar seguro’, aún así miles de personas son devueltas allí, pasando por un ciclo infernal: detenidas de forma arbitraria, terminan en manos de traficantes, intentan huir a un lugar seguro, son nuevamente interceptadas y devueltas otra vez a los centros de detención. Este ciclo incluye tortura, violación, esclavitud, hambre y muerte.
- El gobierno italiano está entrenando a las fuerzas de seguridad libias, directamente coludidas con milicias y traficantes de personas, con quienes hacen negocios más lucrativos que el narcotráfico. Esta colusión ha sido denunciada repetidamente por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y otros.
- Libia nunca ha ratificado las Convenciones de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y ni siquiera reconoce plenamente a ACNUR. Incluso las personas registradas por ACNUR como solicitantes de protección son arrestadas arbitrariamente y recluidas en campos de concentración. La ONU y la Corte Penal Internacional (CPI) han condenado reiteradamente los crímenes de lesa humanidad cometidos en estos lugares.
El 2 de noviembre de 2022, el Memorándum se renovará automáticamente por otros tres años, a menos que el gobierno italiano o libio lo cancele. La continuación de este acuerdo consolidará las condiciones inhumanas en Libia para las personas migrantes y refugiadas.
Los convocantes de la protesta de este 15 de octubre: Red Solidaria de Acogida, Abolish Frontex, Asamblea permanente “Diritto di migrare-Diritto di restare” y Solidarity with Refugees in Lybia, sostienen que la ciudadanía europea debe solidarizarse con las personas refugiadas en Libia y usar su poder para obligar a Italia y la UE a cancelar este acuerdo inhumano, y que los miembros del Parlamento italiano deberían defender los derechos fundamentales garantizados por la Constitución e impugnar el Memorándum.
