La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó la ejecución de 81 personas por cargos relacionados con el terrorismo, efectuada por Arabia Saudita en una sola jornada, el 12 de marzo 2022, informa IPS[1] desde Ginebra.
La pena de muerte «es incompatible con los principios fundamentales de los derechos humanos y la dignidad, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura», expresó Bachelet, en un texto divulgado este lunes 14 por su oficina (Acnudh) en esta ciudad suiza.
«Entre los decapitados el 12 de marzo, tengo entendido que 41 pertenecían a la minoría chiíta y habían participado en protestas antigubernamentales en 2011-2012, pidiendo una mayor participación política. Otros siete eran yemeníes y uno de nacionalidad siria», indicó la responsable.
Los chiítas o chíies son una rama minoritaria dentro del islam, y en Arabia Saudita la inmensa mayoría de su población sigue la rama sunita. Con respecto a Yemen, en ese país vecino se libra una guerra civil en la que chocan una milicia chiíta respaldada por Teherán contra fuerzas del gobierno que apoya Riad.
«Nuestro seguimiento indica que algunas de las personas ejecutadas fueron condenadas a muerte en juicios que no cumplieron con las debidas garantías procesales, y por delitos que no parecían alcanzar el umbral de los delitos más graves, como exige el derecho internacional», dijo Bachelet.
Según la información entregada por el Ministerio del Interior a la agencia de prensa saudita SPA, los ejecutados fueron acusados de planear ataques contra objetivos económicos vitales, matar o atacar a miembros de las fuerzas de seguridad, secuestrar, torturar, violar e introducir armas de contrabando en el país.
Bachelet lamentó que «la legislación saudita contenga una definición extremadamente amplia de terrorismo, incluidos los actos no violentos que supuestamente ponen en peligro la unidad nacional o socavan la reputación del Estado».
Con esas definiciones «se corre el riesgo de criminalizar a las personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica», apuntó Bacheet.
Las ejecuciones del 12 de marzo superaron incluso la ejecución masiva de enero de 1980 para los 63 militantes condenados por tomar en 1979 la Gran Mezquita de La Meca, el lugar más sagrado del Islam, con miles de peregrinos dentro, lo que constituyó el peor ataque terrorista en ese reino.
Bachelet hizo finalmente un llamamiento a las autoridades saudíes para que detengan todas las ejecuciones, establezcan de inmediato una moratoria sobre su uso y conmuten las penas de muerte impuestas a las personas condenadas.
Los países donde se han registrado más ejecuciones en años recientes han sido China, Irán, Arabia Saudita, Vietnam, Iraq, Egipto y Estados Unidos.
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