La Guardia Civil ha intervenido en Alicante veinte toneladas de naranjas que estaban contaminadas con clorpirifos, un plaguicida cuyo uso en la industria alimentaria está prohibido en la Unión Europea desde 2020.
La operación -llevada a cabo con la colaboración de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Generalitat Valenciana- se ha saldado con la investigación de siete personas por delitos contra la salud pública, falsedad documental, contra el comercio y los consumidores, y por constitución de grupo criminal.
Los registros han tenido lugar en varias instalaciones de empresas frutícolas: una en Barcelona -dónde se analizó la partida inicialmente-; una en Castellón; dos en Valencia; una en Alicante -empresa propiedad del líder de la banda-; y la última, en Murcia.
Las naranjas -ya retiradas del mercado- procedían de Egipto y fueron adquiridas en Barcelona por el líder de esta red, que conocía el empleo de este plaguicida prohibido en los cítricos que pretendía vender.
El importador, cuya empresa estaba ubicada en la provincia de Alicante, declaró a las autoridades que las naranjas detectadas en Barcelona habían sido vendidas a una empresa en Murcia, y posteriormente en Valencia. Una vez adquiridas por un empresario de la provincia de Valencia, se suponía que este último había contratado con otra empresa de esa misma provincia la destrucción de las naranjas contaminadas.
Sin embargo, los agentes del Seprona, con la información aportada por las autoridades sanitarias, han descubierto la falsedad de esa declaración. Los investigadores han encontrado un entramado de empresas implicadas, distribuidas por el levante español, y dirigidas por el importador desde Alicante.
Los investigados habían creado las facturas, albaranes de compra y venta, e incluso los documentos de destrucción -de forma ficticia-, tratando de convencer a las autoridades de que las naranjas serían retiradas del mercado destinándolas a la destrucción.
La operación Hisnlukk ha sido desarrollada por el Seprona de Alicante que ha contado con la colaboración de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. También han participado también las Áreas de Seguridad Alimentaria de Alicante, Alzira (Valencia) y Murcia. Se ha contado con el apoyo de las Unidades Técnica y Operativa Central de Medio Ambiente de la Guardia Civil.
