El Consejo de Ministros ha aprobado este 8 de febrero de 2022 el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario, que contará con una inversión pública de más de mil millones de euros hasta 2023.
El Ejecutivo prevé que la medida genere un impacto económico de tres mil millones y la creación neta de hasta 16.000 empleos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que los objetivos del proyecto son incrementar la competitividad y la sostenibilidad del sector ante los retos que se avecinan, como el cambio climático, la conservación del medio ambiente, del suelo, del agua, del aire y de la biodiversidad; además de los relativos a la trazabilidad y la seguridad alimentaria.
Las actuaciones del PERTE, según ha expuesto el ministro, se articulan en tres ejes.
El primero, dotado con 400 millones de euros, es el fortalecimiento de la industria alimentaria para que mejore sus procesos de producción e incremente su competitividad.
El segundo cuenta con 454,35 millones y supone la adaptación digital de todos los agentes que integran la cadena de valor -producción primaria, transformación, comercialización y distribución-.
El tercero implica el apoyo a la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología, a lo que se destinarán 148,56 millones de euros.
Luis Planas ha destacado que este PERTE, junto a la Política Agrícola Común (PAC), el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura suman más de 50.000 millones de euros para el próximo quinquenio, lo que supone «la cifra más alta de inyección de fondos públicos en el conjunto del sector agroalimentario que se haya producido jamás».
A juicio del ministro, el PERTE, además del impacto económico, tendrá una significación social y territorial en toda España y supondrá una gran oportunidad para los operadores del sector privado.
Planas ha añadido que las actuaciones recogidas en el PERTE serán codirigidas por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación e Industria, Comercio y Turismo. Además, se creará una estructura de apoyo integrada por todas las administraciones, entes públicos, comunidades autónomas e institutos de investigación de la que también formarán parte los operadores privados interesados.
