El ministro de Comercio y Turismo de Perú, Roberto Sánchez, ha indicado que el Estado peruano evaluará la suspensión de la licencia de la compañía Repsol, tras el reciente derrame petrolero que afectó al mar frente a la zona de Ventanilla «para que este ecocidio no quede como una historia más», informa Telesur.
El titular de Comercio apuntó también que el procedimiento administrativo sancionador a Repsol comprende multas y la indemnización a los afectados por el derrame de petróleo.
Sánchez comentó a medios locales que desde el fin de semana los directivos de varios ministerios han sostenido reuniones con los alcaldes y gremios de Chancay, Aucayama, Ancón, Santa Rosa, chequeando y elaborando un plan de acción urgente, porque la solución ambiental es prioridad.
Agregó que «se necesita de una mejor tratativa normativa que permita que la justicia ambiental no sea motivo de burla, como hoy la empresa Repsol viene haciendo, no solamente complicando nuestro mar y sistema ecológico, sino también en el aspecto social, a la pesca artesanal, restaurantes, emprendedores dedicados a la actividad turística»
Subrayó que los residentes en el área sufren el desastre ecológico provocado por el derrame pese a la batalla que libran los voluntarios, el Ejército, la Marina, el Ministerio de Ambiente y sus brigadas para sacar el crudo que aún permanece en el mar.
📢 #Repsol no cumple con las medidas y plazos establecidos por la autoridad ambiental.
— Ministerio del Ambiente 🇵🇪♻️ (@MinamPeru) January 28, 2022
👉 Ministro Rubén Ramírez se reunió con expertos de la @ONUPeru, quienes iniciaron su labor en playa de Ventanilla.
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Asimismo, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, señaló que en el caso de Ventanilla el Estado busca «demandas indemnizatorias ejemplarizadoras» e incluso congelar activos de la petrolera Repsol, de modo que las empresas inviertan más en el control de sus riesgos.
La misión técnica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó que, de acuerdo con el análisis de los datos preliminares brindado al equipo de expertos, el derrame ocurrido en Ventanilla tiene calificación de grave, según estándares internacionales.
La ONU precisó que el nivel de daño pone a dura prueba las capacidades de respuesta de cualquier país y la misión del ente desarrolla las proyecciones sobre la evolución del derrame para lograr el mayor impacto de las visitas técnicas a las zonas afectadas.
En otras declaraciones, Sánchez manifestó que la ciudadanía ha podido constatar la negligencia de Repsol y su obstrucción a la investigación: «Repsol no se está poniendo a derecho y dejando que se pueda transparentar este delito», argumentó.
El Gobierno peruano recibirá donaciones de cerca de 250.000 dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y otros 200.000 dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender los efectos del derrame de petróleo.
