El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha informado de que se ha ha autorizado interponer un recurso contencioso administrativo contra la Junta de Castilla y León por la «ocupación ilegal de terrenos» en el Puerto de Navacerrada, tras las últimas declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la continuidad de la actividad en la estación de esquí de Navacerrada.

El Miteco aclara que las consideraciones de Fernández Mañueco parten de una premisa falsa y confunden deliberadamente el esquema de reparto de competencias porque:

  • La Junta de Castilla y León es la administración competente para resolver las concesiones de dominio público forestal y, por tanto, de tramitar el expediente ante una ocupación ilegal como la que se está dando en los terrenos del Puerto de Navacerrada, comprendidos en el Monte de Utilidad Pública «Pinar de Valsaín», concesión que caducó el 3 de abril de 2021.
  • Pero lo que en ningún caso compete a la Junta es decidir sobre la ocupación o la no ocupación de unos terrenos de titularidad pública propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN). 

Ante esta dejación de competencias por parte de la Junta, el OAPN (propietario de los terrenos) le envió el pasado octubre un requerimiento para que actuara y resolviera las solicitudes presentadas para declarar la extinción del título administrativo de la concesión de las instalaciones de esquí en dichos terrenos.

Al haber rechazado expresamente la Junta ese requerimiento del mes de octubre, este lunes, 29 de noviembre de 2021, la Abogacía del Estado, a instancias del OAPN, ha autorizado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Castilla y León.

Asimismo, atendiendo a la irregularidad que supondría la continuidad de las actividades de esquí alpino en el territorio afecto a la concesión caducada, y más teniendo en cuenta que la entidad concesionaria está publicitando la apertura de las instalaciones para el próximo 1 de diciembre, la Abogacía del Estado ha autorizado la solicitud de medidas cautelares que impidan las actividades de esquí y el uso de las instalaciones hasta la resolución del recurso.

El OAPN, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quiere destacar que las declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León afirmando que no hay inconveniente alguno para que la concesionaria siga desarrollando la actividad, supondrían la vulneración de:

  • Los derechos del propietario del monte reconocidos en la Ley de Montes de Castilla y León (Ley 3/2009 de 6 de abril).
  • El procedimiento administrativo para el otorgamiento de concesiones.
  • Invita a la vulneración del Estado de derecho para favorecer el interés privado en lugar del interés general.

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