La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, informa de la grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua a pocos días de celebrarse las próximas elecciones generales, que tendrán lugar el próximo 7 de noviembre.
Lo hace en un forme titulado Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua en donde destaca que esa concentración ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes. No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos, puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo.
A lo largo de este año, la CIDH ha constatado la intensificación de la represión a través de la detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo siete personas precandidatas a la presidencia, las cuales permanecen detenidas, a pesar de contar con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En ese sentido, durante el 2021, la Comisión ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría, defensoras, líderes de opinión y/o opositoras al Gobierno, líderes de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales.
Asimismo, observó la cancelación del reconocimiento jurídico a varias personas de tres partidos políticos y el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente. Con estas acciones, el Gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural.
Dos décadas de bipartidismo
La Comisión analiza en el informe cómo se ha venido gestando esta situación desde hace más de dos décadas, con el llamado pacto «Alemán-Ortega» de 1999, mediante el cual se instauró un sistema bipartidista cuyo objeto era facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública, y que, a día de hoy, continúa vigente. El proceso de concentración del poder en el Ejecutivo se intensificó en el año 2007, al asumir Daniel Ortega su segundo mandato, y se consolidó a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018.
Estas acciones pudieron materializarse mediante la connivencia de diferentes instituciones estatales, como la Asamblea Nacional, y las instituciones del Poder Judicial (la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral), así como por la falta de órganos de control independientes e imparciales. Además, se realizaron una serie de reformas en materia electoral, de forma sucesiva hasta el 2021, las cuales, en conjunto, incorporaron reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos.
Como consecuencia, y pese a existir una prohibición constitucional sobre la reelección, en 2010 el Pleno de la Corte Suprema permitió que Ortega se presentara como candidato a la presidencia en las elecciones de noviembre de 2011. Posteriormente, mediante una reforma constitucional, la Asamblea Nacional habilitó la reelección presidencial indefinida. La Corte IDH estableció que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por lo tanto, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Sin independencia judicial
Tal como lo ha reiterado en numerosos informes y comunicados de prensa, para la CIDH, el Poder Judicial de Nicaragua carece de independencia e imparcialidad, debido, entre otros factores, a su conformación bipartidista y reformas legales que desde 2010 permitieron procesos de designación y permanencia contrarios al principio de independencia judicial. A estos factores se sumó una carrera judicial sin garantías de imparcialidad. Asimismo, la designación de personas de afiliación partidista y cercanas al Ejecutivo en el Ministerio Público ha significado la progresiva pérdida de su independencia y autonomía mediante su instrumentalización a los intereses del gobierno, conforme se observa claramente en los hechos ocurridos este año.
Esta situación no habría sido posible sin el control de los organismos e instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como la Policía Nacional y el Ejército y la creación de aparatos de control y vigilancia de la ciudadanía, como los Consejos de Poder Ciudadano (CPC). El informe de la Comisión da cuenta del rol de todas las instituciones mencionadas tanto en el proceso de concentración del poder político, como en las diferentes modalidades de represión.
La Comisión ha identificado, entre otros asuntos, hostigamientos y represión contra cualquier persona considerada como opositora al Gobierno, el uso arbitrario de la fuerza letal y no letal que derivó en violaciones a los derechos a la vida e integridad personal, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas, malos tratos, criminalización mediante procesos judiciales bajo cargos infundados, irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia, el cierre de espacios democráticos, suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión. Todo ello, perpetrado por grupos policiales y parapoliciales afines al Ejecutivo.
El gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua es el restablecimiento de las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la separación efectiva de los poderes. Para ello, indica la CIDH, se debe garantizar condiciones para que las elecciones sean justas, libres y transparentes, conforme a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
