Desde el Congreso de los Diputados hasta la Puerta de Sol, la Coordinadora Estatal de Pensionistas, Coespe, ha congregado este sábado 16 de octubre de 2021 a unas 15.000 personas para manifestar su rechazo a la privatización del sistema público de pensiones.
Su consigna principal ha sido exigir la necesidad de que se auditen las cuentas de la Seguridad Social «porque la propaganda de que es insolvente es simplemente falsa e interesada para justificar los cambios».
En el manifiesto que leyeron al final del recorrido destacaron el hecho de que el crack de 2008 «provocado por la voracidad especulativa del capital financiero cuyos beneficios millonarios estaban asegurados en paraísos fiscales», produjo en España la crisis del ladrillo y la banca, produciendo un más que evidente menoscabo de todo lo público y sus servicios comunes.
Este escenario, opinan, «permitió al lobby financiero a través de la Comisión Europea neoliberal, el FMI y el Banco Mundial secuestrar la soberanía nacional mediante la imposición de reformas laborales, de pensiones y de la propia Constitución, para asegurarse de que el dinero que los sucesivos gobiernos regalaban a los bancos y empresas españolas, lo pagara la ciudadanía del país».
Y así llegaron las reformas de las pensiones y laborales, que fueron impuestas sin apenas resistencia social, ni oposición de quien dice representar a la ciudadanía trabajadora, destacan.
Las consecuencias de estas reformas, afirmaron, son visibles actualmente en el mundo laboral, ya que ha propiciado contratos precarios, desmantelado la negociación colectiva (lo que hace vulnerables las posiciones de los y las trabajadoras, permite los destajos que estaban prohibidos, como el caso de las Kellys, agricultura y subcontratas) y se han desregulado los ERE, usados por empresas con grandes beneficios y sin revoluciones tecnológicas, para despedir trabajadores mayores de 50 años y sustituirlos por personal joven con contratos temporales, a bajo costo y largas jornadas de trabajo como sucede en la banca actualmente. Todo ello pagado con el dinero de los propios trabajadores.
Las consecuencias
Por lo que se refiere a las pensiones, ahora son de menor cuantía y de más difícil acceso, reconocen, mientras que los recursos de la Seguridad Social se han empleado en gastos que le son ajenos con el objetivo de su desmantelamiento.
En ese sentido, denuncian que se hayan realizados dos reformas que prolongaron la edad de jubilación, desvalorizaron las pensiones por debajo del IPC, aumentaron los años de cotización necesarios, penalizaron la jubilación anticipada en largas carreras de cotización, impusieron el factor de sostenibilidad que deja en manos de los gobiernos el importe de las futuras pensiones incumpliendo la propia Ley General de la Seguridad Social.
También han denunciado que ahora, con el pretexto de la epidemia de la covid, el Gobierno quiere dar un nuevo empuje en el saqueo de los recursos públicos, en particular las pensiones. Así, «han planteado un millonario plan de recuperación para las grandes empresas para una falsa adaptación ecológica y de telecomunicaciones, en vez de invertirlo en la economía de lo común, de lo público, que garantice la suficiencia de los derechos para toda la ciudadanía».
Pero, lamentan, su financiación no será a cargo de quienes se han lucrado ensuciando el planeta o monopolizando las comunicaciones, sino a cargo de deuda del estado. Y para pagar esta deuda se pone de condición que se privatice uno de los pocos activos públicos que quedan: las pensiones. Y denuncian que, «bajo un supuesto Acuerdo Social, cuyo contenido real desconocen los trabajadores, pretenden iniciar la privatización de los ingresos de la Seguridad Social y desviar hacia fondos buitre nuestras cotizaciones. Se encubre esa jugada regulando que por cinco años se revaloricen las pensiones, pero en realidad esto ya lo habíamos conseguido en la calle. Su propósito es saquear las arcas del estado y desmovilizar el movimiento pensionista intentando justificar que ahora sí que van a arreglar el problema».
También han recordado a los asistentes, que no es la primera vez que, en sanidad, educación o trabajo cada vez que hacen una reforma el resultado para la gente es que las cosas empeoran, por lo que han insistido en la necesidad de que se auditen las cuentas y que no se acepten reformas que sigan menoscabando los derechos de las personas, y que pongan en peligro su supervivencia una vez que concluye su etapa laboral.
Además, frente la pretensión de imponer las reformas del Gobierno, exigen revertir las anteriores reformas de pensiones y laborales para garantizar una pensión digna para todo el mundo por encima de los 1080 euros, tal como establece la carta social europea, acabar con la brecha de género de las pensiones, adelantar la edad de jubilación, para que el trabajo se reparta y sin penalizaciones ni coeficientes reductores.
