Unidas Podemos ha solicitado este viernes 17 de septiembre de 2021 al Ministerio de Hacienda y Función Pública una serie de mejoras adicionales al proyecto de ley de Interinos.
En una carta a María Jesús Montero, el diputado de Unidas Podemos Pedro Honrubia expone una serie de propuestas de modificación para el proyecto de ley que «servirían para avanzar en lo que debería ser la principal motivación de la normativa: reducir las altas tasas de temporalidad existentes» en las administraciones.
Para Unidas Podemos, es fundamental que dichas modificaciones se lleven a cabo «sin que sean los trabajadores y trabajadoras que han sufrido abuso de la temporalidad quienes deban sufrir un perjuicio todavía mayor a causa de tan necesaria, urgente y oportuna pretensión».
Por un lado, el grupo confederal pide que ciertas indemnizaciones se equiparen a las que corresponderían con un despido improcedente y se compensen con 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades, en lugar de veinte días y un máximo de 12 mensualidades como figura ahora.
Y por otro lado, Unidas Podemos solicita que en la exposición de motivos de la norma se reconozca «expresamente que con la elaboración y promulgación de la norma referida se está llevando a cabo una transposición parcial de la Directiva europea 1999/70 sobre trabajo de duración determinada» lo que ayudaría «a justificar el carácter de excepcionalidad que el derecho español exige para que sea legalmente válida la aplicación de algunas de las modificaciones ya pactadas previamente».
Además, Unidas Podemos ha pedido al ministerio de Hacienda que la mejora incluida en la fase de tramitación, que supone el carácter no eliminatorio de la fase de oposición, se garantice «sin excepción» en el conjunto de administraciones públicas.
A su vez, respecto de la vía del concurso de méritos, el grupo confederal propone determinar el tiempo en el que el trabajador o trabajadora haya sufrido la temporalidad de manera ininterrumpida en al menos tres años, en vez de diez, debido a la última cifra podría «dotar de inseguridad jurídica a la propuesta», según el parecer de «los colectivos afectados, como por sindicatos, como por diversos juristas y expertos en la materia».
