Facua-Consumidores en Acción reclama al Gobierno diez medidas para proteger los derechos de los usuarios frente a los abusos del sector eléctrico y hacer frente a la pobreza energética de una manera eficaz, porque la luz es esencial para el desarrollo de una vida digna y no puede seguir siendo una mercancía más, sujeta a los movimientos especulativos de los mercados.
Facua considera que garantizar el acceso al suministro eléctrico a unos precios razonables debe ser prioritario para este Gobierno y una obligación de servicio público para las empresas eléctricas, y para evitar los abusos en el sector eléctrico y garantizar la accesibilidad a un suministro básico reivindica:
1. Fin a los abusos tarifarios
Reforma del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista, de manera que determinadas tecnologías de generación eléctrica salgan de la subasta diaria y se sometan a un sistema de precios máximos fijados por el Gobierno.
2. Creación de una tarifa social
Puesta en marcha de un nuevo bono social que represente un descuento de al menos el 50 por ciento de la factura y al que puedan acogerse las familias cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos, que se elevarían hasta tres en función del número de hijos, discapacitados, dependientes o mayores de 65 años.
3. Coordinación entre Gobierno, comunidades y ayuntamientos
Articulación de un procedimiento coordinado mediante el cual, a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y beneficiarios de ayudas y prestaciones sociales del ámbito local se les incorpore, en el procedimiento y resolución de concesión, la garantía de acceso a suministros básicos como la luz.
4. Bajada del IVA con carácter permanente
El impuesto no puede volver a ser del 21 por ciento. La disminución de ingresos para las arcas del Estado debe compensarse con una reforma de los impuestos sobre la renta, patrimonio y sociedades para que paguen más quienes tienen mayores recursos.
5. Empresa pública de energía
Recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz.
6. Prohibición de cortes de suministro por razones económicas a los consumidores vulnerables
Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
7. Auditoría al sistema eléctrico
Análisis de los costes del sistema desde la puesta en marcha de la liberalización del sector para determinar si las eléctricas inflaron los precios y, con ellos, el déficit de tarifa que llevamos años devolviéndoles. Reembolso de los 3500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
8. Control de las ofertas fraudulentas
Puesta en marcha de mecanismos de control coordinados entre el Gobierno y las comunidades autónomas para detectar, multar y alertar públicamente de las ofertas engañosas lanzadas por las eléctricas en el mercado libre.
9. Bajada sustancial del término de potencia
Tras la subida del 103 por ciento en el precio del kilovatio de potencia contratada que aprobaron los últimos gobiernos del PP, el actual Ejecutivo de coalición ha aplicado una bajada poco significativa, que no llega al 16 por ciento, pese a su compromiso de disminuir el porcentaje que representa el término fijo en el total de la factura.
10. Reestructuración de los tramos horarios
El horario menos caro, el valle, debe adelantar su inicio de lunes a viernes no festivos a las 22:00 horas, de manera que un mayor porcentaje de consumidores puedan aprovecharlo para desarrollar tareas domésticas a precios más bajos.
