A pesar de haberse comprometido en octubre de 2020, no hay noticias sobre la evaluación de la gestión sanitaria durante la pandemia por parte del Gobierno y las Comunidades Autónomas, y cuando España se encuentra ante lo que se denomina la quinta ola de la COVID-19, es urgente hacer una evaluación independiente de la gestión sanitaria durante la pandemia y su impacto sobre el derecho a la salud, sostiene Amnistía Internacional (AI).
Nueve meses después del compromiso de llevarla a cabo, y un año y seis meses después del inicio de la pandemia, no hay noticias sobre una evaluación de las políticas sanitarias aplicadas por el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, que permita extraer lecciones y pueda ayudar a frenar el colapso al que se enfrenta, una vez más, la Atención Primaria.
Grupos de expertos y organismos internacionales habían recomendado una evaluación exhaustiva de los sistemas de atención sanitaria y social para preparar al país para nuevas oleadas de COVID-19.
Por otro lado, aunque el Gobierno anunció medidas para potenciar la Atención Primaria, lo cierto es que sigue sin reforzarse de manera adecuada. El Ejecutivo se comprometió a dar cumplimiento al Marco estratégico de Atención Primaria, que entre otros aspectos establecía un ratio máximo deseable de 1500 pacientes por profesional sanitario, o que las urgencias se atiendan en menos de 48 horas. Sin embargo, diecisiete meses después no se conoce que se hayan puesto en práctica las medidas que contribuyan a aliviar la situación de la Atención Primaria.
Oídos sordos a recomendaciones internacionales
El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la evaluación independiente de la pandemia, publicado en mayo de 2021, incluye entre las recomendaciones que en las siguientes semanas los gobiernos nacionales, asumiendo su responsabilidad a nivel nacional, así como regional y mundial, rindieran cuentas y exigieran que otros también lo hicieran. Pedía «llevar a cabo cada año ejercicios multisectoriales de simulación activa para asegurar un continuo proceso de evaluación de riesgos, así como acciones de seguimiento para mitigar riesgos, estimular el intercambio de conocimientos dentro de cada país y la rendición de cuentas; también se deberá establecer mecanismos de evaluación independientes, imparciales y sistemáticos».
También el Relator Especial sobre el derecho a la salud señalaba en julio de 2020 que para lograr que las respuestas de los sistemas sanitarios sean eficientes en todo momento, incluso en el contexto de una pandemia, es preciso que todas las personas puedan acceder a la información y que se instauren mecanismos útiles de participación y de rendición de cuentas.
Igualmente, el Dictamen de la Comisión para la reconstrucción económica y social del Parlamento en junio de 2020 mencionaba la necesidad de «acordar a nivel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud objetivos e indicadores comunes para los servicios de Atención Primaria que tengan en cuenta las particularidades de cada territorio, y que sirvan tanto para organizar los recursos necesarios como para la rendición de cuentas y la evaluación».
El pasado mes de febrero, Amnistía Internacional en su informe La otra pandemia. Entre el abandono y el desmantelamiento: el derecho a la salud y la Atención Primaria en España, denunciaba la especial desatención a la que ha estado sometida la Atención Primaria antes y durante la pandemia. Lo que está teniendo graves consecuencias en el acceso al derecho a la salud en España, especialmente para las personas más vulnerables que padecen enfermedades crónicas o que requieren una mayor dependencia del sistema sanitario (aquellas con cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras); las personas mayores, las personas que padecen enfermedades de salud mental, personas inmigrantes, o las mujeres sobre las que recae de manera desproporcionada el impacto de una Atención Primaria desbordada.
En este informe, Amnistía recomendaba una evaluación exhaustiva, efectiva, transparente e independiente, sobre la preparación de las autoridades sanitarias centrales y autonómicas respecto a la pandemia y sus respuestas a ésta. Las autoridades debían analizar el impacto de la gestión sanitaria, en especial en el ámbito de la Atención Primaria, y cómo ha afectado al derecho a la salud de las personas.
«A pesar de todas estas recomendaciones, se sigue sin noticias sobre la evaluación de las medidas adoptadas durante la pandemia. No se han hecho públicas lecciones aprendidas en más de año y medio, y ante la quinta ola de la COVID-19, una vez más no se han tomado medidas adecuadas para que la Atención Primaria evite su colapso», señala Beatriz Perales, responsable de campañas de Amnistía Internacional España.
Reforzar la atención primaria
Amnistía Internacional, al igual que organismos internacionales como la OMS o el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, también ha instado al Gobierno a reforzar de manera urgente la Atención Primaria para afrontar el aumento del volumen de trabajo, la campaña de vacunación, o nuevas olas de ésta u otras epidemias.
La OMS recomienda destinar el 25 por ciento del total del gasto sanitario a este nivel asistencial; sin embargo, en España la inversión en atención primaria se ha visto reducida en un 13 por ciento entre 2009 y 2018 y representaba tan solo el 13,9 por ciento del gasto sanitario total en 2018.
En comunidades autónomas como Madrid o Cataluña, la Atención Primaria vuelve a estar saturada. Para Pako Díaz, médico de familia, director del CAP Bordeta Magoria de Barcelona «esta el la quinta vez que nos pasa lo mismo, que no tenemos previsión, que estamos reaccionando a algo que ocurre y que se está reaccionando muy tarde. La lista de visitas se ha disparado. Si antes de San Juan, veíamos que de cada diez pacientes uno era de covid, ahora de cada diez pacientes, ocho son de covid. Se han reducido el resto de las consultas en un ochenta por ciento. Y en urgencias, hemos pasado de atender unas 150 urgencias al día a unas 450 diarias. Ocho de cada diez de estas urgencias son por clínica relacionada con covid».
Pako Díaz explica que «estamos llegando porque estamos doblando turno y por el esfuerzo diario de los compañeros y compañeras, porque si no no llegamos».
Para Concha Herranz, médica de familia en Madrid y portavoz de Atención Primaria Se Mueve «el desborde de la atención primaria no es nuevo, y en estos momentos la presión se debe fundamentalmente a la falta de médicos y de pediatras. Según datos de la Consejería de Sanidad, hay una escasez del veinte por ciento de profesionales de familia y al menos del dieciséis por ciento de pediatría de forma habitual, y cuando llegan vacaciones o bajas, las cifras son peores».
«Con esto lo que percibe el paciente es que no puede citarse con su médico o su pediatra hasta pasados muchos días. Esto se debe a que no tienen profesional asignado, y a que no se pueden hacer más huecos para atender a más personas. Según la Consejería de Sanidad, los médicos de familia deberían atender a treinta pacientes diarios y los pediatras a veinte para tener tiempo suficiente y dar una atención de calidad. Pero la realidad de muchos centros es que se superan los sesenta a setenta pacientes diarios por cada turno», señala Herránz.
¿Qué pide Amnistía?
- El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas deben hacer una evaluación exhaustiva, efectiva, transparente e independiente de la gestión sanitaria central y autonómica que permita extraer lecciones y mejorar las medidas para hacer frente, con prioridad, a la quinta ola de la pandemia y sentar las bases para enfrentar con eficacia futuras epidemias.
- Las Comunidades Autónomas deben reforzar de manera urgente las plantillas de personal sanitario y administrativo de Atención Primaria para hacer frente al aumento del volumen de trabajo durante la pandemia tanto para pacientes COVID-19 como para otras patologías, garantizando el derecho al acceso a la salud.
- Las Comunidades Autónomas deben incrementar de manera progresiva la inversión asignada a la Atención Primaria hasta alcanzar el 25 por ciento del total de su gasto sanitario público a la atención primaria.
Campaña #LaOtraPandemia
Amnistía Internacional tiene en marcha la campaña “#LaOtraPandemia” y lleva recogidas más de 166.000 firmas para exigir el refuerzo de la sanidad pública.
