La muerte por la Covid-19 del enfermero Esteban Peñarrubia, según la denuncia presentada por el abogado Javier Ruiz Blay en nombre de la Plataforma de Trabajadores del Severo Ochoa y de la Asociación Sanitaria Española, se debió al hecho de haber participado en una operación quirúrgica en el interior de un quirófano. Todos los que intervinieron en esa operación resultaron contagiados.
Esteban Peñarrubia falleció el viernes 10 de abril de 2020. Ahora, el juicio sobre su muerte está pendiente de una fianza de cuatro mil euros.
El juzgado número cuatro de Leganés (Madrid) admitió la denuncia por homicidio y citó el pasado cuatro de junio al director del Hospital Severo Ochoa, Domingo del Cacho Malo, y tres de sus directivos para comunicarles su imputación y pedirles la documentación que consideraran oportuna en su defensa. Esa documentación ha sido trasladada a los denunciantes, aunque al parecer no en su totalidad, y a la fiscalía.
La sorpresa desagradable para la plataforma de trabajadores del hospital Severo Ochoa es que se les pide una fianza de cuatro mil euros que deberían depositar en un plazo de ocho días.
El abogado Javier Ruiz Blay ha recurrido esa decisión del juzgado, con lo cual el plazo se amplía hasta que el recurso se resuelva. Pero la necesidad de reunir el dinero permanece, por lo que los trabajadores han puesto en marcha una campaña pública de recogida de fondos para reunir los cuatro mil euros.
Además de la colaboración de muchas personas que han contribuido individualmente, las entidades vecinales y políticas de Leganés también se han sumado a la colecta o estudian hacerlo en breve.
En el momento en que Esteban Peñarrubia entró en aquel quirófano ya se conocía la extensión de la pandemia y todos cuantos participaron en la intervención se vieron impelidos a hacerlo con la única protección de las habituales mascarillas quirúrgicas que se utilizan en cualquier intervención dentro de un quirófano.
En los días posteriores y tras padecer los primeros síntomas, Esteban intentó dar a conocer su estado a los responsables del Severo Ochoa, sin que en ningún momento le permitieran dejar de trabajar: «Otro que se quiere coger la baja» fue la respuesta que recibió en alguna ocasión. No sería el único. Hasta un treinta por ciento de la plantilla del hospital resultó contagiado durante el periodo más duro de la epidemia.
El 30 de enero de ese mismo año, la OMS había dado la alarma. En el Hospital Severo Ochoa nadie se había dado por enterado y, además, el centro arrastraba diez años de recortes, unos recortes que los denunciantes en este caso relacionan con lo sucedido y atribuyen al régimen de estímulos económicos que el ahorro podía suponer para el director del centro, que ha podido cobrar, según la denuncia, hasta 88.000 euros como complemento de productividad por estos recortes de gastos en el hospital que redundaban en beneficios para sí mismo.
Pero en la denuncia contra la dirección del Severo Ochoa hay más acusaciones. La posible muerte de veinte pacientes por esta forma de gestión de la pandemia; el treinta por ciento de contagios entre la plantilla del Severo Ochoa; la inexistencia de un plan de contingencia ni de un protocolo adecuado a las circunstancias, la saturación de la Unidades de Cuidados Intensivos, que solo contaban con diez camas; las imágenes de los pasillos saturados donde se mezclaban pacientes ya cadáveres con otros graves; el hecho de que la UCI se quedara dos veces sin techo por el deterioro de las instalaciones, así como el secretismo mantenido en todo momento por la dirección son, según el abogado Ruiz Blay, algunas de las razones por las que el juez del número cuatro de Leganés ha admitido a trámite la denuncia.
Se trata de unos hechos presuntos que tanto él mismo como los abogados de las acusaciones particulares que se puedan presentar deberán demostrar en grado suficiente para que se abra juicio tras la correspondiente investigación por parte del juez y la fiscalía.
Javier Ruiz Blay dice contar para ello con los testimonios de la familia de Esteban Peñarrubia y los de otros pacientes fallecidos que han empezado a contactar con los primeros denunciantes. Aunque el propio Ruiz Blay admite que las circunstancias por las que pasaron algunos de estos testigos son tan terribles que comprendería que no quisieran revivirlas en ningún caso.
Cuentan, asimismo, con las conclusiones establecidas por los diferentes organismos que han seguido la pandemia en España, en donde se podrán apreciar la diferencia de datos de mortalidad en el Hospital Severo Ochoa y el municipio de Leganés, que fueron en su momento el auténtico epicentro de la enfermedad.
La denuncia que el magistrado ha admitido a tramite es por «homicidio y sus formas». Ahora es necesario reunir el dinero de la fianza para que los abogados de las víctimas puedan estar presentes en el proceso. De lo contrario, los denunciantes perderían cualquier posibilidad de intervenir en un proceso que quedaría en manos de la fiscalía. Hacen falta cuatro mil euros. Según los trabajadores ya se han reunido más de tres mil. La justicia también tiene un precio.
Imagen de portada
Dos enfermeras se abrazan en la entrada del Hospital Severo Ochoa por el fallecimiento de un compañero contagiado por la Covid-19
