Según una denuncia presentada por el abogado Javier Ruiz Blay, en nombre de la Plataforma de Trabajadores del Severo Ochoa y de la Asociación Sanitaria Española, admitida a trámite por el titular del juzgado número cuatro de Leganés (Madrid), la muerte del enfermero Esteban Peñarrubia se debió al hecho de haber participado en una operación quirúrgica en el interior de un quirófano, en la que todos los que intervinieron resultaron contagiados por Covid. Esteban Peñarrubia falleció el viernes 10 de abril de 2020.
En el momento de entrar en aquel quirófano ya se conocía la existencia de la pandemia, y todos cuantos participaron en la intervención lo hicieron con la única protección de las habituales mascarillas quirúrgicas que se utilizan en cualquier intervención dentro de un quirófano.
En los días posteriores, y tras padecer los primeros síntomas, Esteban intentó dar a conocer su estado a los responsables del Severo Ochoa, sin que en ningún momento le permitan dejar de trabajar. «Otro que se quiere coger la baja» fue la respuesta que recibió en alguna ocasión. No sería el único. Hasta un treinta por ciento de la plantilla del hospital resultó contagiado durante el periodo mas duro de la epidemia.
El 30 de enero de ese mismo año, la OMS había dado la alarma, pero en el Hospital Severo Ochoa nadie se había dado por enterado y, además, el centro arrastraba diez años de recortes, que los denunciantes en este caso relacionan con lo sucedido y atribuyen al régimen de estímulos económicos que el ahorro podía suponer para el director del centro que ha podido cobrar, según la denuncia, hasta 88.000 euros como complemento de productividad, por esos recortes de gastos en el hospital que redundaban en beneficios para sí mismo.
A partir de los primeros días de la llegada de la pandemia, se empezaron a notar los efectos en la llegada masiva de pacientes al hospital. El Severo Ochoa, debido a la dura política de reportes de la anterior década, estaba atendiendo a una población de casi doscientas mil personas para lo que no tenia medios ni personal ni siquiera tratándose de un día normal.
Esta situación se hizo pública, incluso a nivel internacional, cuando los medios publicaron un vídeo rodado en el hospital en el que podía verse a los pacientes tumbados en unos pasillos colapsados de gente en espera de atención.
En la denuncia se detallan una serie de hechos que pueden ser considerados, presumiblemente, como constitutivos de infracción penal. Se trata de hechos que nunca han podido ser esclarecidos hasta ahora, entre otras razones, porque ha existido una política de silencio por parte de los responsables. El director no ha comparecido en público para explicar su gestión, pese a que incluso hubo una solicitud de que fuera llamado a acudir al Consejo Sectorial de Salud del Ayuntamiento de Leganés. Esta petición nunca fue cursada por el alcalde Santiago Llorente.
Cuando en el resto de los hospitales de la Comunidad de Madrid se había paralizado la actividad quirúrgica, en el HUSO, afirma la denuncia, «se estuvieron realizando intervenciones hasta la tercera semana de marzo -lo que supuso una puesta en riesgo de todos esos pacientes-; incluso después del estado de alarma, provocando a sabiendas una mayor saturación de los servicios del hospital y una mayor puesta en peligro de la salud de sus trabajadores y pacientes»
Y sigue aportando hechos
«En la UCI no existió ningún tipo de planificación o anticipación. No se transmitió ningún tipo de instrucción por vía reglamentaria, de los pasos a dar en caso de empezar a recibir pacientes críticos COVID. Se les dijo ‘sois unos alarmistas’ a varios facultativos, al tratar de hablar y alertar sobre los casos alarmantes que se estaban dando en Italia».
«En ese momento, ni se llevaban Equipos de Protección Individual completos (EPI) y la mascarilla que se utilizaba era la quirúrgica, cuya durabilidad está demostrada ser no superior a las cuatro horas de uso (según la Sociedad Francesa de Higiene) o a seis horas (según Instituto Joanna Briggs)»
En la relación de hechos que pueden haber determinado la admisión a tramite de la denuncia llaman la atención dos casos. El primero es el hecho de que se había creado entre jefes de servicio de la UCI un grupo de WhatsApp que se apagaba a las diez de la noche y permanecía inactivo hasta la mañana siguiente.
«Y esto –argumenta el documento– tuvo graves consecuencias para los pacientes, pues se estima entre los médicos de la UCI que de haber estado activo el WhatsApp por la noche, se podían haber salvado al menos veinte vidas de pacientes del Hospital, con nombres y apellidos».
El segundo hecho que llama la atención es el rechazo inicial por parte del director gerente Domingo del Cacho Malo, a la intervención de la UME (Unidad Militar de Emergencias). Esto retrasó en cuatro días la posibilidad de que los pacientes más leves hubieran sido atendidos por los militares, facilitando por parte del centro la atención a los mas graves. La denuncia se pregunta por la razón de este rechazo, y afirma que, según algunos testimonios recogidos, el objetivo de la dirección del hospital era esperar a que se abriese Ifema, la gran operación propagandística del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el trascurso de la pandemia hasta que llego el ya famoso hospital Zendal. En cuanto a la relación entre estos hechos, el abogado Javier Ruiz Blay manifiesta no conocer cuál es el grado de relación entre Del Cacho Malo y el gobierno autonómico.
La posible muerte de veinte pacientes por esta causa; el treinta por ciento de contagios entre la plantilla del Severo Ochoa; la inexistencia de un plan de contingencia y de un protocolo adecuado a las circunstancias, la saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos, que solo contaban con diez camas; las imágenes de los pasillos saturados donde se mezclaban pacientes ya cadáveres con otros graves; el hecho de que la UCI se quedara dos veces sin techo por el deterioro de las instalaciones, así como el secretismo mantenido en todo momento por la dirección son, según el abogado Ruiz Blay, algunas de las razones por las que el juez del número cuatro de Leganés ha admitido a trámite la denuncia.
Se trata de unos hechos (presuntos) que, tanto él mismo como los abogados de las acusaciones particulares que se puedan presentar, deberán demostrar en grado suficiente para que se abra juicio tras la correspondiente investigación por parte del juez y la fiscalía.
Javier Ruiz Blay dice contar para ello con los testimonios de la familia de Esteban Peñarrubia y los de otros pacientes fallecidos, que han empezado a contactar con los primeros denunciantes. Aunque el propio Ruiz Blay comprende que las circunstancias por las que pasaron algunos de estos testigos son tan terribles que comprendería que no quisieran revivirlas en ningún caso.
Cuentan, asimismo, con las conclusiones establecidas por los diferentes organismos que han seguido la pandemia en España, en donde se podrán apreciar la diferencia de datos de mortalidad en el Hospital Severo Ochoa y el municipio de Leganés, que fueron en su momento el auténtico epicentro de la enfermedad.
De momento la fecha clave es el cuatro de junio próximo, cuando los cuatro denunciados recibirán en el juzgado la notificación de la denuncia. Una denuncia que el magistrado ha admitido a trámite por «homicidio y sus formas». El juez también ha ordenado a la dirección de Hospital Severo Ochoa que informe a la mayor brevedad posible de las competencias concretas de cada uno de los denunciados, así como de las actuaciones llevadas a cabo para contener la pandemia en relación con medios materiales, formación de profesionales, organización del trabajo y protección de los trabajadores.
A partir de ese momento deberá producirse la toma de declaración tanto a los testigos como a los denunciados, y entonces comenzará un proceso que promete ser largo y doloroso.
Impecable y documentado reportaje. Como todos los firmados por el veterano periodista Francis Fernández. ¡Enhorabuena!