El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha dirigido cuatro recomendaciones al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para mejorar la protección de los menores extranjeros no acompañados.
Estos niños y niñas preocupan especialmente al Defensor del Pueblo. En años anteriores ha llamado la atención sobre su situación en Ceuta y Melilla, pero en la actualidad el foco de la Institución está puesto en Canarias, donde cerca de tres mil niños y niñas han llegado solos a sus costas entre 2020 y los primeros meses de 2021. Según datos facilitados por la entidad de protección de menores canaria, en marzo, había 2577 acogidos (2110 en dispositivos de emergencia y 467 en acogimiento residencial).
Recientemente, la Institución ha presentado un monográfico sobre la migración en Canarias que recoge las visitas a centros en los que están acogidos estos menores. No obstante, Fernández Marugán vuelve a insistir en que «no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que supone su acogida» y reclama al Ministerio de Derechos Sociales que asuma un papel impulsor para afrontar esta situación. Así, le ha formulado las siguientes recomendaciones.
El Defensor ha pedido al citado ministerio que elabore el Plan estratégico plurianual para la integración de los menores extranjeros no acompañados previsto en la Ley de Extranjería. A juicio de la Institución, este plan debe tener en cuenta la identificación ágil de las necesidades de protección internacional; la detección de potenciales víctimas de trata; el procedimiento que se sigue para la determinación de la edad; la documentación de su residencia legal y la integración sociolaboral una vez que alcancen la mayoría de edad.
Fernández Marugán también le ha recomendado que en el próximo programa del Fondo de Asilo Migración e Integración europeo (FAMI) establezca como línea de actuación preferente las acciones necesarias para la identificación, acogida e integración de los menores extranjeros no acompañados en general y, en particular, para la identificación y protección especializada de aquellos que tengan necesidades de protección internacional o presenten indicios de trata.
También le ha reclamado que impulse, en coordinación con el resto de organismos competentes en la materia, las medidas necesarias para conseguir que el Registro Central de Menores extranjeros no acompañados funcione correctamente. El Defensor lleva años denunciando significativas diferencias entre los datos que facilitan las entidades de protección de menores autonómicas y los que ofrece el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
Por otra parte, le ha solicitado que, en coordinación con la Comunidad autónoma canaria, promueva la puesta en marcha del mecanismo previsto en la Ley de Extranjería, para el establecimiento de convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompañados más vulnerables.
Esta vía, que ya ha sido iniciada por la entidad de protección de menores canaria, es para el Defensor «una iniciativa muy necesaria y la más eficaz para la protección del interés superior de aquellos menores con necesidades de protección internacional o víctimas de trata que demandan una atención más especializada». En este sentido, señala que es «llamativo» que a 31 de diciembre de 2020 había más de quinientos menores malienses en el sistema de protección canario, pero ninguno había solicitado asilo.
Por último, Fernández Marugán ha llamado la atención acerca del número de menores extranjeros no acompañados que, año tras año, alcanzan la mayoría de edad indocumentados y sin posibilidad alguna de valerse por sí mismos. Según datos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a lo largo de este año, 4625 cumplirán los dieciocho años.
El Defensor considera imprescindible que la Administración General del Estado planifique, en coordinación con las entidades de protección de menores autonómicas, la transición a la vida adulta de estos niños y niñas. En 2020, en Canarias, tan solo se han concedido 134 autorizaciones de residencia a menores extranjeros tutelados.
