El sistema de atención primaria en España ha sufrido dos pandemias: la de la COVID-19, y la de la gestión sanitaria, que ha adolecido de una falta de planificación e inversión suficiente para afrontar la primera, situando este servicio entre el abandono y el desmantelamiento, denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que, aunque se centra en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, la organización teme que esta situación podría estar produciéndose en otros territorios en mayor o menor medida.
Las conclusiones del informe indica que las Comunidades Autónomas deben, de manera urgente, incrementar las plantillas de la atención primaria con el fin de alcanzar ratios de profesionales de otros países de la Unión Europea, para hacer frente al aumento del volumen de trabajo y a la campaña de vacunación.
Amnistía Internacional lamenta que esta gestión deficiente haya tenido y tenga todavía graves consecuencias sobre el acceso al derecho a la salud en España durante la pandemia, especialmente para las personas más vulnerables, que padecen enfermedades crónicas o que requieren una mayor dependencia del sistema sanitario (aquellas con cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras); las personas mayores, las personas que padecen enfermedades de salud mental, o inmigrantes.
También las mujeres, que representan la mayoría de las cuidadoras de las personas enfermas, han sufrido de manera desproporcionada el impacto de una atención primaria desbordada y han hecho frente a una sobrecarga de trabajo y cuidados.
A la falta de personal ya existente previo a la pandemia y a la sobrecarga asistencial, así como a las listas de espera en atención primaria, que aunque varían según el centro se sitúan ahora en torno a una semana en algunos casos, se suma el cierre de más de sesenta centros y 449 consultorios en Madrid y Cataluña, así como la modificación de protocolos asistenciales y el cambio del modelo presencial al telefónico, que se ha llevado a cabo sin el refuerzo de medios suficientes y sin la información y formación adecuada para pacientes o personal sanitario.
Esta situación ha generado múltiples barreras en el acceso a la salud y ha tenido un impacto en personas cuyo retraso en la atención sanitaria podría haber agravado su condición de salud o retrasado un diagnóstico. Además, esta merma en la accesibilidad a centros de salud, la falta de medios suficientes y una gestión de la pandemia que no ha integrado de manera adecuada las necesidades especiales de las personas con patologías no-COVID en la respuesta a la crisis, ha provocado una discriminación indirecta de éste grupo de personas.
Según una encuesta de la Plataforma de pacientes con enfermedades crónicas sobre el acceso a la atención sanitaria durante la pandemia, al 69 por ciento de las personas entrevistadas le cancelaron diversas consultas programadas de manera previa a la crisis por COVID-19, entre las que se encontraban las consultas hospitalarias (46,3 por ciento), las del hospital de día (3,4 por ciento) y de atención primaria (19,3 por ciento). Sólo el 25,3 por ciento de las personas a las que se les cancelaron las consultas tuvieron acceso a los centros de atención primaria una vez finalizado el confinamiento.
Se han desoído así recomendaciones de la OMS y mecanismos internacionales, que instaban a reforzar la atención primaria desde el inicio de la pandemia para poder garantizar el derecho a la salud de todas las personas, de manera especial las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
De hecho, España está por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno en un ratio de personal médico en atención primaria y de enfermería por mil habitantes de 0,77 y 0,66 respectivamente. Ratios que no han sufrido prácticamente cambios en los últimos diez años y que, en el caso de la de personal facultativo de atención primaria, está muy alejadas de las de países como Portugal, con mejor ratio de Europa (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42).
«Ningún sistema sanitario podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud, pero la estamos afrontando con un sistema de salud muy debilitado como consecuencia de las medidas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años, especialmente con respecto a la atención primaria, fundamental para hacer frente a este tipo de crisis», señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Añade Beltrán que «España lleva doce años desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Relator Especial ONU sobre el derecho a la salud, que instaban a los Estados a reforzar la atención primaria y destinar el 25 por ciento del total del gasto sanitario a este nivel asistencial; sin embargo en España ha sido más bien al contrario, ésta se ha visto reducida en un 13 por ciento entre 2009 y 2018. Casi un año de pandemia después y con la tercera ola de récord de contagios encima, las autoridades no parecen haber rectificado».
«La importancia de la atención primaria ha estado más presente en los discursos institucionales que en las decisiones políticas: la valoración de su capacidad asistencial ha estado ausente en el diseño de las medidas de salud pública. Actualmente, en plena campaña de vacunación, nos encontramos en una situación cercana al colapso», denuncia Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España.
«Tengo una compañera que fue a la consulta de su médico por un bulto y al hacerle la ecografía le dijeron que era necesario un estudio más concreto. Pero al pedir cita le dieron para seis meses después. Esta compañera mía tiene un cáncer de mama agresivo con tres tumores en tres partes distintas. Si se espera al mes de abril no quiero ni hablar de lo que hubiese ocurrido, pero ha tenido que acudir a una consulta privada para que le adelantasen los análisis. Esto no se puede permitir. El sistema sanitario está jugando con la vida de pacientes de otras enfermedades no-COVID y a ese juego no estamos dispuestos a contribuir los pacientes», así relata Maria Luisa, paciente de cáncer y presidenta de la asociación Rosae de Valdepeñas (organización de mujeres afectadas por el cáncer de mama) un caso que le llegó el pasado mes de octubre.
Las listas de espera se han incrementado llegando a ser, en algunos casos, de hasta dos semanas. Las cifras oficiales de Cataluña muestran que el 62 por ciento de las personas que solicitaban una cita tenían que esperar entre cinco y diez días para ser atendidas antes de la pandemia. La Comunidad Autónoma de Madrid no ha facilitado esa información a Amnistía Internacional y Castilla-La Mancha afirma haber pasado de una lista de espera en 2019 de uno a tres días a una de tres a seis días en 2020.
Además, el cierre, al inicio de la pandemia, de más de sesenta centros y 449 consultorios en Madrid y Cataluña (y al menos dos en Castilla-La Mancha), y el cambio de modelo presencial de atención al modelo telefónico, sin dotarlo de recursos suficientes y sin informar de manera adecuada a la población ni formar a las y los profesionales sanitarios ha creado barreas en el acceso a la atención sanitaria y dejado a muchas personas en una situación de desamparo, especialmente personas mayores o aquellas con más dificultades para adaptarse a este nuevo modelo.
Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de diciembre lo explicaba así a Amnistía Internacional: «El centro de Lavapiés cerró, pero yo creía que estaba abierto. Y llamaba y llamaba, pero no me cogían, te salía el contestador con indicaciones por si tenías síntomas de COVID. No se informó a la población. Era una situación alarmante de inseguridad».
