La falta de electricidad no sólo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que «supone un impacto muy grave en sus derechos a la salud, a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la educación», sostienen varios relatores independientes de la ONU en relación a los cortes de luz en la Cañada Real.
Un apagón de dos meses en la Cañada Real, un asentamiento informal en la comunidad de Madrid está poniendo en peligro la salud de unos mil ochociento menores, ahora que las temperaturas se acercan a los cero grados, afirmaron hoy varios expertos[1] en derechos humanos de las Naciones Unidas, que pidieron al Gobierno de España que restablezca de inmediato la electricidad a los hogares afectados.
Los especialistas advirtieron que «los niños y niñas de la Cañada Real Galiana sufren unas condiciones de vida extremadamente difíciles», y alertaron que «peligra gravemente su salud», para señalar que «ahora que se acerca el invierno, y especialmente durante la pandemia de la COVID-19, debe restaurarse de inmediato la electricidad».
El último corte de electricidad empezó el 2 de octubre y afecta al menos a 4500 personas, especialmente en los sectores cinco y seis de la Cañada Real. En el asentamiento establecido hace más de cuarenta años viven unas ocho mil personas, muchas de ellas migrantes o romaníes, en una extensión de 16 kilómetros de largo por 75 metros de ancho.
Los relatores especiales recordaron que las bajas temperaturas en la capital de España ya han provocado la admisión hospitalaria de al menos un bebé con signos de hipotermia
«Sin electricidad, no hay calefacción ni agua caliente en las casas, lo que significa que los niños y niñas no pueden ducharse ni lavarse adecuadamente. Durante la pandemia COVID-19, cuando la higiene es más importante que nunca, esto es especialmente preocupante», señalan los relatores.
Los cortes violan múltiples derechos básicos
Ente las múltiples consecuencias que la falta de electricidad provoca en la salud de los menores destacaron que los niños y niñas que usan sillas eléctricas no pueden recargar las baterías; los que sufren diabetes no pueden mantener la insulina a la temperatura adecuada; los menores con autismo tienen problemas para adaptarse a la falta de luz, y que una niña que utiliza un equipo de oxigenoterapia durante quince o dieciséis horas al día no pueda usarlo.
«La falta de electricidad no sólo viola el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, sino que supone un impacto muy grave en sus derechos a la salud, a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la educación», dicen los expertos.
Además, tampoco pueden hacer sus tareas escolares debido a la falta de luz y no pueden conectarse a internet para asistir a las clases en línea instauradas durante la pandemia.
«Si no se toman medidas contundentes para remediar inmediatamente esta situación, el rezago educativo de los niños y niñas que viven en Cañada Real va a empeorar aún más», dijeron los expertos.
No hay que estigmatizar a la población de la Cañada Real
Los expertos criticaron que las autoridades culpen de los cortes electricidad a las plantaciones ilegales de marihuana insinuando que los residentes del asentamiento son unos delincuentes.
«Pedimos a las autoridades que dejen de estigmatizar a las personas inmigrantes, a los miembros de la minoría romaní y a las personas que viven en la pobreza», señalaron.
Al mismo tiempo destacaron que los habitantes de la Cañada Real precisan el apoyo urgente del Gobierno «para lograr unas condiciones de vida adecuadas, y no ataques verbales que provoquen la hostilidad pública».
Los relatores especiales explicaron que han mantenido contactos con el Gobierno de España para aclarar estas problemáticas.
- El grupo de expertos lo forman: Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto; Gerard Quinn, relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Koumbou Boly Barry, relatora especial sobre el derecho a la educación; Hilal Elver, relatora especial sobre el derecho a la alimentación; Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Felipe González Morales, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Fernand de Varennes, relator especial sobre cuestiones de las minorías; Olivier De Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; y Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
