El pasado 19 de noviembre el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley Orgánica para la Modificación de la LOE (LOMLOE), conocida popularmente como Ley Celaá, por ser Isabel Celaá en estos momentos la ministra de Educación y Formación Profesional del gobierno, y por lo tanto la responsable en su cometido.
Siete organizaciones políticas apoyaron dicha ley, siendo rechazada, como no podía ser menos, por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que en esta ocasión, como en tantas otras, cabalgan juntos. Como ya va siendo habitual, hubo la correspondiente bronca y enfrentamiento en el hemiciclo con respecto a dicha ley.
Y ello porque la polémica estaba servida desde el primer momento, ya que lo que está en juego con la futura aplicación de esta ley es mucho, en cuanto a intereses económicos se refiere por parte de la enseñanza concertada, y que por cierto pagamos todos con nuestros impuestos, al tiempo que también la aplicación de un ideario ideológico y religioso, entre otros asuntos.
A estas alturas, da la sensación de que lo que en realidad sucede es que algunos intentar disimular, edulcorar el intento blandiendo la libertad, una libertad que todos defendemos, pero que algunos utilizan en realidad para intentar perpetuarse en sus estatus, emancipándose, de esta manera, del resto de la sociedad.
Sin ir más lejos, apenas pocos días después de la aprobación de la LOMLOE, y para que no hubiera lugar a dudas, la plataforma de la educación privada concertada Más Plurales organizaba manifestaciones contra dicha ley en unas treinta ciudades españolas con miles de vehículos en las calles pidiendo la dimisión de la ministra Isabel Celaá. Dicha enseñanza privada concertada está en su mayoría en manos de órdenes religiosas, y éstas son conscientes de lo mucho que se juegan en el envite, tanto ideológica como económicamente. Por favor, llamemos a las cosas por su nombre…
Por lo que a Madrid respecta, pudimos ver al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, participando en la marcha acompañado en el mismo vehículo por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. El líder del PP ya dejó claro desde el primer momento su intención de recurrir dicha ley ante el Tribunal Constitucional, así como a derogarla en el momento en que sea elegido presidente del Gobierno. En su opinión, esta ley «es mala para la unidad nacional y pésima para la comunidad educativa».
Por su parte, tanto Díaz Ayuso como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, han manifestado que aprobarán normas en sus respectivas Comunidades Autónomas para minimizar los efectos de una ley con la que están en contra, al igual que otros gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular.
En el caso de la Comunidad de Madrid incluso amagan con una normativa propia, «que blinde» la enseñanza privada concertada. La presidenta Ayuso, una vez más, se yergue como ariete contra el gobierno central, haciendo un flaco favor al entendimiento que debe existir entre los representantes de los distintos estamentos políticos.
Esta LOMLOE es la octava reforma de la ley educativa. Sustituirá a la Ley Orgánica de Educación aprobada en el año 2006 con la mayoría absoluta del entonces gobierno del Partido Popular y el rechazo del resto de fuerzas políticas También conocida como la Ley Wert, por ser el responsable político en aquellos momentos el ministro popular Juan Ignacio Wert.
Aquella era una ley tan regresiva en algunos aspectos que incluso el mismo gobierno no se atrevió a ponerla en práctica en algunos aspectos, tales como itinerarios, que pretendían segregar a los alumnos en función de su rendimiento, o la clasificación de los centros en función de los resultados, un método descarado para favorecer a la escuela privada concertada.
Todo ello, en un momento en que el noventa por ciento de los niños sin recursos y el ochenta por ciento de los hijos de inmigrantes están escolarizados en la escuela pública. La enseñanza privada parece ser otro mundo, aunque se llame concertada…
