En la Comunidad de Madrid ocho de cada diez menores y jóvenes infractores son españoles, el 9,3 por ciento de países del Magreb, principalmente de Marruecos; el 7,4 por ciento de Iberoamérica; el 4,3 por ciento de la Europa comunitaria, especialmente de Rumanía; el 0,2 por ciento de la Europa no comunitaria, y el 0,9 por ciento restante de otras nacionalidades, según los datos de la memoria 2019 de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha presentado la memoria correspondiente a 2019 de la ARRMI este 19 de septiembre de 2020 en una visita al Centro de Ejecución de Medidas Judiciales El Lavadero, en el que ha estado acompañado por la gerente de la ARRMI, Lola Moreno.
En 2019 la Agencia atendió a 2845 menores y jóvenes infractores y ejecutó 3436 medidas judiciales, el 79,8 por ciento son hombres, un 77,7 por ciento son españoles y el 43,2 por ciento tiene entre 16 y 17 años y los delitos contra el patrimonio representan el 48,6 por ciento de la totalidad de los delitos cometidos.
En el ejercicio analizado 111 menores y jóvenes se matricularon en el curso académico 2018-19 y 522 han participado en el programa de inserción laboral.
Asimismo, del total de los 2845 menores y jóvenes atendidos en los centros de la ARRMI, 2012 lo hicieron en régimen medio abierto, 511 en internamiento y 322 cumplieron alguna reparación extrajudicial.
En lo relativo a la tipología de los delitos cometidos, se ha apreciado una ligera reducción de los cometidos contra el patrimonio (hurtos y robos en sus diferentes modalidades), pasando del 49,7 por ciento en 2018 al 48,6 por ciento en 2019.
Por el contrario, ascienden los delitos relacionados con el maltrato, principalmente el familiar ascendente, incrementándose un 0,6 por ciento y pasando del 14,5 por ciento en 2018 al 15,1 por ciento en 2019. Por su parte, los delitos de lesiones descienden un 0,8 por ciento, pasando del 15,6 por ciento en 2018 al 14,8 por ciento en 2019.
Por último, respecto a los delitos más graves y que despiertan una mayor alarma social, especialmente los homicidios, asesinatos y delitos de carácter sexual, su proporción sobre el total continúa siendo baja, situándose en el 2,4 por ciento. En el caso de delitos contra la vida, en 2019 no se ejecutó ninguna medida judicial por asesinato y todos los homicidios se produjeron en grado de tentativa, salvo un caso de homicidio imprudente.
Por lo que respecta a los delitos de carácter sexual, predominaron los abusos, con doce casos, mientras que las agresiones sexuales fueron seis y, entre estas últimas, sólo consta la imposición de una medida judicial a menores por el tipo penal agravado del artículo 179 del Código Penal.
Educación e inserción laboral
Uno de los principales objetivos de la ARRMI es la salvaguarda del derecho a la educación e inserción de estos menores infractores. El Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI) ha permitido que un total de 111 menores y jóvenes de los centros de la ARRMI se hayan matriculado en el curso académico 2018-2019 en los diferentes estudios disponibles: enseñanza secundaria obligatoria, formación profesional básica o programa profesional de modalidad general. Una educación que está siendo impartida por un equipo de veintinueve profesores.
522 menores y jóvenes infractores con una edad mínima de dieciséis años y que cumplen una medida judicial de internamiento en los regímenes semiabierto o abierto o bien una medida judicial de medio abierto no privativa de libertad, han participado en un programa de inserción sociolaboral, formalizándose 287 contratos de trabajo.
Respecto a la incidencia de la pandemia de COVID-19 en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales, hasta la fecha se han detectado cinco casos positivos sobre los casi trescientos menores que se han atendido entre los meses de marzo y septiembre, y su evolución ha sido favorable.
