El Gobierno de España pondrá en marcha en este periodo de sesiones una reforma de la Constitución española de 1978 para intentar cambiar «por unanimidad» el artículo 49, con el objetivo de modificar su contenido en favor de la inclusión de las personas con discapacidad y reconocer a este colectivo con una terminología distinta de la original, en la que se hablaba de «disminuidos».
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia y Memoria Democrática, Carmen Calvo, hizo este anunció durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros en la que compareció acompañada de la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del ministro de Ciencia, Pedro Duque, informa Servimedia.
La reforma de la Constitución que el Ejecutivo pretende acometer en los próximos meses es la misma que el Congreso de los Diputados consensuó en diciembre de 2018 en favor de las personas con discapacidad y que el primer gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha para su aprobación parlamentaria. Sin embargo, no pudo concluirse porque anticipó la convocatoria de elecciones generales en 2019 y la iniciativa decayó al disolverse las Cortes Generales.
El texto acordado entonces implicaba modificar el artículo 49 para eliminar el término «disminuidos» y sustituirlo por el de «personas con discapacidad». Además, reconocía la «igualdad real y efectiva» de este colectivo y obligaba a los poderes públicos a «garantizar una vida participativa, autónoma e independiente» de estas personas, algo que quedará recogido por primera vez en el texto de la Constitución.
Esta nueva redacción del artículo 49 de la Constitución fue fruto del acuerdo alcanzado en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados por todos los partidos políticos, tras varias semanas de consultas a expertos y de negociaciones entre los diferentes portavoces.
El artículo 49 de la Constitución establece todavía en estos momentos que «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».
El nuevo texto consensuado en 2018 lo sustituía para ratificar que «las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación».
Ley de Memoria Democrática
Calvo explicó que esta reforma de la Constitución forma parte del plan legislativo que el nuevo gabinete de Sánchez ha preparado para los próximos meses y que incluirá, además, la modificación de tres leyes orgánicas, de 58 leyes y de 119 decretos ley.
De todos ellos destacó que el Consejo de Ministros dará luz verde la semana que viene al proyecto de Ley de Memoria Democrática para su envío al Congreso de los Diputados.
Explicó que el objetivo de esa propuesta es demostrar que España «está en condiciones de mirar su pasado con justicia, con dignidad y con la homologación interna respecto a otras democracias del mundo». Para ello, busca «consolidar el espacio que abrió la ley de 2007» que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para «dignificar a las víctimas» de la dictadura de Francisco Franco.
Asimismo, confirmó que el texto normativo ilegalizará la fundación que lleva el nombre de quien fue jefe del Estado durante casi cuarenta años porque entiende que «no puede haber» ninguna institución que reciba fondos públicos que se dedique a «enaltecer o promover figuras totalitarias que son lo contrario» de la democracia actual.
Preguntada sobre las exhumaciones pendientes, Calvo avanzó que la nueva ley incluirá un plan específico «con decisiones muy tajantes» en este sentido para destinar «recursos públicos» a sacar de «fosas comunes» a personas que murieron durante la dictadura y tomar muestras de adn «para identificarlas» y que sus familiares les puedan dar «sepultura con el honor que corresponde».
En su opinión, es «muy importante» que no exista una situación así en una democracia como la española que está consolidada después de cuarenta años porque son «víctimas que lucharon contra el fascismo» de Franco y «la ignominia más grande es tenerlas sin identificar».
Además, la vicepresidenta resaltó que el Gobierno quiere retomar la iniciativa legislativa una vez que han pasado los peores meses de la pandemia por la COVID-19 y demostrar así que es capaz de atender por igual «lo urgente» de la crisis sanitaria y los compromisos que alcanzó Pedro Sánchez en su discurso de investidura de principios de enero, antes de que el coronavirus se expandiera por todo el mundo.
En particular, puso en valor el «esfuerzo importante de respuesta» que el Gobierno de España ha mantenido durante el estado de alarma por el coronavirus y el «compromiso exhaustivo» que pretende demostrar hasta final de año al acometer todas estas modificaciones normativas mientras se da respuesta a los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia de la COVID-19.
Entre el resto de las prioridades de los proyectos legislativos, citó expresamente la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012, la apuesta por un modelo productivo digital y de transición ecológica, la igualdad, la formación profesional, la cohesión social y la libertad sexual porque la agenda feminista «lo atraviesa absolutamente todo».
