La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) han hecho llegar a la embajadora de Marruecos en España, Karima Beyaich, y al embajador de España en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, una carta en la que piden acelerar el retorno inmediato de casi 7200 trabajadoras agrícolas marroquíes, que se encuentran atrapadas en la provincia de Huelva tras el cierre de la frontera por parte de Marruecos.
Después de haber acabado la temporada de recogida de la fresa, las trabajadoras se quedaron sin trabajo y sin ninguna alternativa o prestación que pudiera preservar su dignidad humana, por ello, APDHA y AMDH reclaman que los gastos de su retorno corran a cargo, tanto del Estado marroquí como del Estado español, ya que los medios materiales de las trabajadoras no se lo permiten.
Además, exigen al Gobierno de la Junta de Andalucía, realizar pruebas Covid19 a todas las trabajadoras, informarles de la necesidad de cuidarse durante el viaje y mantener cuarentena con sus familias a su llegada con el fin de garantizar la protección sanitaria a sus familias y facilitar el proceso de su retorno en unas condiciones sanitarias muy seguras.
Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos solicitan una investigación sobre la responsabilidad compartida entre España y Marruecos, acerca de las condiciones económicas, sociales y los efectos psicológicos del bloqueo y del confinamiento sanitario que sufrieron las trabajadoras, que «fueron explotadas por aquellos que buscaban mano de obra barata, y los que querían obtener divisas a expensas de la dignidad humana, mientras que estas mujeres, son ignoradas y olvidadas, en sus momentos más difíciles».
Las organizaciones consideran imperativo hacer una revisión radical del acuerdo de contratación, entre el Ministerio de Empleo e Integración Profesional de Marruecos, la Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y las Competencias, por un lado, y el Ministerio de Trabajo, Inmigración y Seguridad Social de España, y el Gobierno de la Junta de Andalucía, por otro, con el fin de garantizar derechos y un trabajo digno para estas trabajadoras.
Las condiciones en las que viven estas mujeres, aseguran, son de extrema dureza, ya que se encuentran atrapadas en las viviendas que fueron habilitadas para ellas en las explotaciones agrícolas donde trabajaban. Y a consecuencia de la caducidad de sus contratos de trabajo temporales, desde finales de mayo corren el peligro de quedarse en la calle, por falta de medios para cubrir los gastos de estancia, ya que la mayoría de estas temporeras envían sus sueldos a Marruecos para mantener a sus familias, a las que no han vuelto a ver desde diciembre.
Según sus declaraciones, y según el seguimiento que se hizo a este tema por parte de los medios de comunicación, no hubo ninguna posibilidad de ponerse en contacto con los responsables de la empresa que les había contratado, ni tampoco con las autoridades marroquíes. Además, su situación se ha hecho insostenible, desde que se quedaron sin trabajo y se les acabó el dinero, al encontrarse sin provisiones para sobrevivir.
Afirman las entidades que la mayoría de estas mujeres son madres de familia, pertenecientes a los grupos rurales más pobres y vulnerables de Marruecos, y la inmensa mayoría, dejaron atrás sus responsabilidades familiares, así como, a sus hijos al cuidado de sus padres o de un miembro de la familia, con la certeza de volver, una vez terminada la temporada de recogida de fresas; según lo acordado en sus contratos de trabajo, y de acuerdo con los criterios de selección que se habían adoptado, para la obtención de un permiso de trabajo, y también, por las condiciones que figuran en el acuerdo firmado por el Ministerio de Empleo español y el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí.
Unas condiciones, denuncian, en las que no se respetan la salud y la seguridad laboral de las trabajadoras, ni tampoco el distanciamiento social, tal y como viene en la declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas, Olivier De Schutter, sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, al declarar que la protección de los emigrantes temporeros en Huelva fue completamente ignorada durante la pandemia del “Covid19”.
Después de las negociaciones entre los gobiernos de Marruecos y España sobre el tema, relatan, las autoridades marroquíes aceptaron trasladar a 48 mujeres, que según su estado eran vulnerables, ya que sufrían de enfermedades que requerían asistencia médica, o estaban embarazadas o habían dado a luz en los últimos meses. Pero debido a la naturaleza inmediata de la decisión, solo siete mujeres lograron viajar en el primer vuelo de retorno, mientras que otras 41 mujeres no pudieron viajar con el primer grupo de repatriadas, por falta de tiempo para llevar a cabo los trámites del retorno.
En cambio, «la suerte de casi 7.200 mujeres queda hasta el momento en una gran incertidumbre», explican, dado que el plan de gestión de este asunto se limita solamente a aquellos marroquíes que disponen de visados a corto plazo, mientras que estas temporeras tienen visados de estancia limitada.
Tanto los movimientos de derechos humanos marroquíes como españoles denuncian las trágicas situaciones vividas por estas mujeres temporeras. Además, lo que hace que el problema sea más trágico, es que la mayoría de ellas son las únicas que mantienen a sus familias, por lo que miles de familias son amenazadas por la indigencia y por la privación de los hijos del cuidado y el cariño de sus madres, y además, les expone a varios tipos de violencia, económica, social y psicológica, así como, a la privación del entorno familiar y emocional.
