El relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas, Philip Alston, considera que España sufre «una crisis de vivienda de enormes proporciones», por lo que propone regular los precios del alquiler en las principales ciudades y actuar contra la especulación por parte de los fondos buitre.
Esta es una de las principales recomendaciones del informe que Alston hizo a partir de su visita a España, que tuvo lugar del 27 de enero al 7 de febrero de este año 2020, informa Servimedia.
Según su investigación, «mientras los gastos asociados a la vivienda se disparan (en España) se privatizan bloques de apartamentos y se producen desalojos agresivos».
«España debe tomarse en serio el derecho a la vivienda», subraya.
A su juicio, esto implica la aprobación de «una nueva ley sobre el derecho a la vivienda, aumentar considerablemente las inversiones en vivienda protegida, desincentivar fiscalmente las viviendas vacías, introducir sistemas avanzados y flexibles para controlar los alquileres en las principales ciudades, adoptar medidas para desalentar la manipulación de los mercados por los ‘fondos buitre’, actuar para impedir la privatización de las viviendas de bajo costo existentes, proteger mejor a los hogares vulnerables contra los cortes de electricidad y apoyar más a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar».
El relator valora la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de empezar a controlar el precio de los alquileres y lamenta que las autoridades nacionales descartasen dicha medida «sin miramientos», ya que cree que merece al menos un estudio.
Por otro lado, señaló que casi el diez por ciento de la población no podía permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada en 2018. Por ello, insta a ampliar el acceso a los bonos sociales de descuento de la factura eléctrica y a procurar que no se corte la electricidad a los hogares vulnerables.
La visita de Alston tuvo lugar cuando el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos acababa de tomar posesión, y en su informe, valora varias medidas y leyes recientes, como el Plan estatal de Vivienda, aunque pidió ir más lejos.
Por otro lado, la investigación reclama implantar un sistema nacional de rentas mínimas como el Ingreso Mínimo Vital aprobado en junio, tras denunciar «la ineficacia e insuficiencia» de las rentas autonómicas.
Durante los doce días que pasó en España, el relator especial visitó Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, y se reunió con autoridades de las administraciones municipales, autonómicas y estatal; representantes de la sociedad civil; miembros del mundo académico, y personas afectadas por la pobreza urbana y rural.
Según concluye, «resulta más que evidente que, pasada la recesión de 2008, la recuperación que tanto ha beneficiado a algunos ha dejado atrás a muchas personas, y que se ha hecho muy poco para ayudar a la mayoría de los miembros de ese cuantioso grupo».
A su juicio, España «tiene una alta tasa de desempleo, una situación de desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de enormes proporciones, situaciones de gran pobreza muy extendidas, programas de protección social muy insuficientes, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas fiscales que favorecen mucho más a las clases acomodadas que a las pobres y una arraigada mentalidad burocrática en muchas partes de la administración pública».
Grupos desfavorecidos
En su informe, el relator pide prestar especial atención a los grupos más vulnerables de la población, como son las mujeres, los niños y adolescentes, la población inmigrante, las personas de etnia gitana, quienes viven en el mundo rural, las trabajadoras domésticas y las personas con discapacidad.
Todos ellos presentan una tasa de pobreza relativa y severa muy superior a la media, así como peores índices de empleo, educación y accceso a la vivienda.
En general, todos los entrevistados lamentaron «la dificultad de acceder a las ayudas sociales», que exigen disponer de un domicilio, haber trabajado y otros requisitos imposibles para muchos.
Por todo ello, el relator recomienda establecer una prestación nacional por hijo a cargo para los progenitores con menos recursos, así como un plan de prestaciones no contributivas y universales con este mismo sentido.
También propone una exhaustiva revisión del sistema educativo para reducir los alarmantes niveles de abandono escolar temprano, repetición de curso y segregación escolar; sufragar la totalidad de los gastos relacionados con la educación a los estudiantes en riesgo de pobreza e introducir programas nacionales de educación de cero a tres años y de apoyo extraescolar.
En cuanto al sistema fiscal, critica su escasa capacidad redistributiva, así como el gasto social por debajo de la media europea. Defiende aumentar la progresividad del sistema tributario e incrementar los ingresos totales para que se ajusten más a la norma de la Unión Europea. Ello permitirá obtener los recursos necesarios para financiar adecuadamente la protección social, señala.
Además, urge a no ocultar el tipo efectivo del impuesto de sociedades y a invertir en programas más eficaces para combatir la elusión de impuestos y el fraude fiscal.
El informe también solicita un estudio exhaustivo e independiente para evaluar por qué, «después de años de programas de ayuda pública, tantas personas de la comunidad romaní siguen viviendo en condiciones inaceptables y sus hijas e hijos están condenados a repetir el ciclo de pobreza y exclusión».
Finalmente, pide proporcionar a la población migrante condiciones de trabajo decentes y un camino hacia la residencia legal que no requiera años de espera y una oferta de trabajo a tiempo completo.
