El relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Olivier De Schutter, ha constatado que en España se contrató a temporeros marroquíes durante la pandemia de coronavirus para la recogida de la fresa, pero, a pesar de que se les consideró trabajadores esenciales, ni el Gobierno ni las empresas tomaron medidas para protegerlos del COVID-19 y a los que enfermaron no se les garantizó la atención médica.
Olivier De Schutter recuerda que las autoridades españolas son responsables de garantizar a los trabajadores migrantes unas condiciones laborales que cumplan con las normas internacionales, entre ellas el acceso a una atención sanitaria adecuada, y sostiene que el Gobierno y las empresas deben mejorar de inmediato esas condiciones.
Alrededor de tres mil mujeres migrantes de Marruecos viajan cada año a la ciudad española de Huelva para la cosecha anual de fresas.
«La completa dependencia de los trabajadores migrantes estacionales en el negocio de la fresa de Huelva conduce rutinariamente a situaciones que equivalen a trabajos forzosos, con total desprecio tanto de las normas internacionales de derechos humanos como de la legislación nacional»», dijo De Schutter.
La mayoría de los migrantes carecen de medidas de seguridad y protección en el trabajo y viven en asentamientos superpoblados con un acceso insuficiente a los servicios básicos, incluidos el agua, el jabón y los desinfectantes, lo que resulta particularmente alarmante dado el riesgo para la salud que representa la COVID-19.
«La protección de los trabajadores migrantes estacionales en Huelva ha sido completamente descuidada durante la pandemia de COVID-19. Mientras que el resto de España estaba confinado para detener la propagación del virus, miles de trabajadores migrantes considerados ‘trabajadores esenciales’ fueron puestos a trabajar sin que se tomaran ni siquiera medidas básicas de higiene, sin materiales de protección y compartiendo herramientas», dijo De Schutter.
«Se alertó a las autoridades competentes, pero éstas han permanecido en silencio. Y cuando los trabajadores se enfermaban, no se garantizaba su acceso a la atención médica».
El experto se ha puesto en contacto con los Gobiernos español y marroquí y las empresas interesadas para pedir aclaraciones sobre estas cuestiones.
