El Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal (IPPPA) señala que la pandemia de la COVID-19 no solo ha tenido graves consecuencias para las personas, ya que también se ha puesto de manifiesto la falta de políticas públicas de protección de los animales.
«La crisis dejó en evidencia la deuda histórica que tiene el sector público con las políticas de protección animal, a las que está obligado por diversas normativas», advierte Anna Mulà, abogada especialista en derecho animal y portavoz de este instituto.
El IPPPA enumera algunas de las casuísticas que se han producido por la ausencia de una estructura institucional preparada:
- Falta de alternativas de custodia para los animales de las personas hospitalizadas o puestas en observación por haberse contagiado del coronavirus.
Los animales han quedado solos en viviendas o bajo la tutela temporal de entidades protectoras o de las y los vecinos que, con buena voluntad, los cuidan y alimentan. - Paralización de miles de acogidas y adopciones, al estar cerradas protectoras y refugios.
Las administraciones municipales han hecho oídos sordos a las peticiones civiles e instrucciones del gobierno central de facilitar las adopciones como medida necesaria para garantizar un hogar a muchos animales que, tanto física como psicológicamente, han sufrido situaciones límite.
Cabe señalar que tampoco se han facilitado equipos de protección (EPis) al personal de refugios y personas voluntarias; ni siquiera en actuaciones de rescate o ingreso en estos centros. - Previsión de incremento de abandonos.
A pesar de que todavía no hay cifras oficiales, el hecho de que refugios y protectoras estuvieran cerrados durante el confinamiento, junto a la situación de enfermedad y hospitalización de millones de personas, hace prever un importante repunte de animales abandonados. - La compra y venta de animales por internet, sin freno ni control alguno.
Mientras las entidades civiles tienen que soportar el peso de miles de animales abandonados cada mes en todo el Estado, con políticas públicas muy tímidas en sus objetivos a la vez ineficientes en su gestión, el comercio de animales online mantiene su actividad sin límite alguno, insuflando aún más el número de animales disponibles totales y por tanto perjudicando las arcas públicas con aquellos que no consiguen un hogar o que son abandonados. - Desatención de colonias de gatos ferales.
La normativa aprobada ad hoc sólo facultaba legalmente la alimentación y gestión de aquellas que estaban autorizadas por los consistorios. Un hecho que solo cubre a una minoría de felinos en estas colonias. - En cuanto a la proliferación de fauna silvestre en zonas urbanas y periféricas debido a la menor movilidad humana durante el tiempo de encierro, «la única respuesta institucional para su control ha sido proponer cacerías, cuando hay experiencias alternativas, ya en funcionamiento, que abogan por el uso de jaulas de trampeo para reubicar a los animales capturados y reflectores para la prevención de accidentes, entre otros» subraya Mulà, quien recuerda que «si algo debe aprenderse de la pandemia es que la biodiversidad es nuestro seguro de subsistencia en este Planeta, nuestra barrera natural entre el ser humano y los virus: menguarla es un suicidio».
En consecuencia, el IPPPA propone un cambio profundo de las políticas públicas de protección de los animales.
«Es necesario concienciar, transformar mentalidades y acciones públicas; los países que triunfan en estas políticas son aquellos que cambiaron la perspectiva hacia la convivencia responsable» afirma esta experta en protección animal y portavoz del IPPPA, que se erige como una comunidad educativa destinada a proporcionar a las administraciones públicas y gobiernos asesoramiento y formación técnica en materia de protección animal.
El IPPPA ha lanzado para superar estas carencias un proyecto, impulsado por la Fundación Franz Weber, para impartir en las administraciones públicas un curso online gratuito «Convivencia responsable en tiempos de coronavirus», que tiene por objetivo final «fomentar políticas públicas de protección animal basadas en lograr una convivencia responsable y armoniosa entre la ciudadanía y los animales de familia, durante y tras el Estado de Alarma».
Sobre IPPPA y la Fundación Franz Weber
El Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal (IPPPA) es un proyecto de la Fundación Franz Weber.
Se trata de una comunidad educativa donde quienes tienen conocimiento acerca de políticas de protección animal, las puedan poner al servicio de las administraciones públicas que necesitan dicho conocimiento para conseguir un uso eficiente de los recursos públicos.
Hasta la fecha, la protección animal, aunque se trate de problema público, recae fundamentalmente en la sociedad civil, como oenegés o personas que movidas por su compasión hacia los animales destinaban tiempo y recursos en buscar mecanismos para protegerlos.
Esto comenzó a cambiar con la aprobación de normatividad, sin embargo las administraciones, especialmente autonómicas y municipales, salvo contadas excepciones, no han sabido aplicar estas normatividad, debido a la falta de formación de los empleados públicos destinados a estas tareas.
La Fundación Franz Weber (FFW), que desde 1974 responde a la inquietud de proteger el Medio Natural y los animales, se hizo conocida por su lucha durante décadas contra el comercio de marfil y las cacerías de focas en países como Canadá, logrando atraer la atención internacional.
FFW también se implica en las condiciones de vida de los animales en parques zoológicos y a través de su proyecto ZOOXXI propone la transformación de estos recintos y promueve el traslado de los animales a reservas especializadas, como el reciente traslado de la elefanta Mara y su viaje desde el ex zoo de Buenos Aires a un santuario ubicado en Mato Grosso, Brasil.
Como ONG es partner de la UNESCO en Fondos de Respuesta Rápida en catástrofes y en programas de conservación de hábitats, ha participado en los encuentros del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas promoviendo informes para alejar a la infancia de la violencia de la tauromaquia, que ha dado origen a recomendaciones del Comité a todos los países que mantienen esta práctica como actividad legal.
Es ONG observadora en el convenio CITES y especializada en política ambiental transfronteriza.
