La angustia de las familias de los ancianos de Vitalia Home Leganés

El calendario tiene estas cosas. Ser consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre la tercera semana de marzo 2020 y la primera de abril no tiene nada que ver con ser familiar de un anciano ingresado en la residencia Vitalia Home de Leganés, en las mismas fechas.

Tener a tu padre, por ejemplo, ingresado en esa residencia en la que han muerto mas de cien ancianos, que se sepa, la gran mayoría a causa del coronavirus, es una experiencia de angustia y amargura, de desconocimiento y de choque contra un muro del que no salía ni una sola frase, no ya de consuelo, ni siquiera de información.

Nuestro protagonista, da igual, el nombre, el sexo o la profesión, vio por ultima vez a su padre el 8 de marzo de 2020. El anciano estaba bien, perfectamente activo y capaz de moverse por la residencia con absoluta autonomía. Incluso manejaba perfectamente un teléfono móvil para comunicarse con sus hijos.

La primera noticia que sus hijos tuvieron fue que dos médicos de los tres con los que contaba la residencia habían renunciado. La residencia Vitalia Home de Leganés gana un millón de euros al año, forma parte de la red Vitalia, propiedad del fondo de inversión CVC, que tiene otros cincuenta centros en España.

El de Leganés es el más grande. Tiene 266 plazas, lo que quiere decir que han muerto más de un tercio de sus residentes.

Ganar un millón de euros al año debe dar para tener médicos disponibles en cualquier momento, sobre todo si tres de cada cuatro euros de los ingresos provienen de subvenciones de dinero público de la Comunidad de Madrid. La autonomía ahora gobernada por la señora Ayuso paga más de cuatro millones año año a Vitalia Home Leganés. Sin embargo, los familiares de los ingresados en el centro llevaban años quejándose de falta de personal.

Por esas mismas fechas, el gobierno de la Comunidad de Madrid, y fundamentalmente su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, andan muy preocupados intentando elaborar un protocolo de actuación para las residencias y hacer frente a la epidemia de Covid-19. El 18 de marzo, cuatro días después de decretarse el confinamiento, se envía a las residencias el primero de esos protocolos.

En este documento, con fecha de ese mismo día, se aconseja no hospitalizar a los enfermos de la COVID-19 de las residencias de ancianos en función de su esperanza de vida y de su pronóstico. Los mayores que podían ser derivados a un hospital debían de cumplir una serie de requisitos: padecer insuficiencia respiratoria, disnea o taquipnea y fiebre (es decir los síntomas conocidos de la pandemia) pero ademas debían de ser autosuficientes para andar. Los dependientes severos se quedarían fuera de la posibilidad de ser atendidos en un hospital.

Ademas, no se podía enviar a los hospitales a pacientes con deterioro cognitivo o síntomas de demencia, ni a aquellos que tuvieran otra enfermedad en fase avanzada. Todos los que no cumplieran las condiciones exigidas debían de quedarse en las residencias enfrentados a una muerte inminente. Por aquellas mismas fechas, un compañero de Ruiz Escudero, el consejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, le hizo ver en un correo privado que aquello podía ser ilegal. Recientemente, el consejero de Sanidad ha afirmado que aquellos documentos solo eran borradores.

Mientras tanto, el anciano ingresado en Vitalia solo podía comunicarse con sus hijos mediante su propio móvil. La dirección del centro no se pone al teléfono ni da información alguna. Solo proporciona datos de carácter general al hospital Severo Ochoa, el de referencia en Leganés.

Los familiares de los ingresados se han asociado en la Agrupación de Familiares. El miércoles 18 de marzo, el día en que debió llegar el famoso primer «borrador» al centro, ya saben que han muerto al menos ocho residentes tanto en el propio centro como en el Hospital. Lo saben porque se lo dicen los propios familiares de los fallecidos. La dirección del centro rechaza cualquier intervención o ayuda de los familiares. El anciano del que estamos hablando empieza a padecer los primeros síntomas de la enfermedad. Cuando habla con los hijos les manifiesta que está cansado pero que no le han hecho ninguna prueba. A veces abandona la conversación para decirles que va a echarse porque no puede más. La angustia de los hijos va en aumento.

Desde ese miércoles y hasta el día 22 de marzo mueren más de una decena de ancianos. Los familiares averiguan que no han sido aislados y que siguen bajando al salón para actividades en común y pueden seguir moviéndose libremente por el edificio independientemente de sus síntomas. Todavía no ha llegado el que más tarde será el protocolo definitivo de la Comunidad de Madrid. La consejería de Asuntos Sociales es la única que mantiene comunicación con los familiares. Las cifras de fallecidos que dice conocer son muy inferiores a los que maneja la Agrupación de Familiares.

Nuestro anciano protagonista sigue empeorando. Por los datos que consiguen los hijos saben que su nivel de saturación en sangre ha bajado hasta 92, tres puntos por debajo de los 95 considerados como la normal más baja. Les dicen que no habría problema hasta que llegue a 89. Su preocupación llega al máximo. El día 29, cuando ya han empezado a hacer pruebas de Covid de forma selectiva en la residencia, consiguen hablar con la dirección y se enteran de que su padre ha sido sometido a la prueba. El día 30 conocen el resultado, positivo. Recibe todo el tratamiento en la propia residencia. Nuestro protagonista ha sobrevivido. Sigue en la residencia y se esta recuperando. Algo que no pueden decir los más de cien ancianos muertos en ella.

Enfermar en una residencia de Madrid entre mediados de marzo y mediados de abril de este año ha disparado las posibilidades de perder la vida sin recibir asistencia hospitalaria. Entre el 25 y el 30 de marzo fallecieron 1364 residentes en Madrid. Sólo el trece por ciento fue trasladado previamente a un hospital. El gobierno de Ayuso había enviado previamente a los centros sociosanitarios una serie de «protocolos» en los que se restringía al máximo la posibilidad de trasladar enfermos desde los geriátricos a los hospitales. Los criterios utilizados para excluir a muchos ancianos del traslado a los hospitales hizo que muchos murieran en las residencias sin ningún tipo de atención.

En Vitalia de Leganés, a la imposibilidad de trasladarlos al hospital se unió la ausencia de personal hasta niveles que hicieron necesaria la intervención de apoyo de jóvenes voluntarios que vieron morir a muchos de los ancianos sin posibilidad ni conocimientos para atenderlos. Cuando la UME intervino encontró hasta once cadáveres almacenados en el centro.

La tragedia de los miles de ancianos muertos en las residencias de Madrid, como Vitalia, ha terminado convirtiéndose en un debate político que amenaza con acabar con el gobierno regional, donde el consejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, ha hecho público que recriminó a su colega de Sanidad, Ruiz Escudero, del Partido Popular, su primer protocolo, que negaba el ingreso de determinados ancianos en los hospitales. Una polémica que, independientemente de su resolución política, acabará en los tribunales, donde las denuncias se siguen acumulando.