Los sindicatos de la Enseñanza de UGT y CCOO han rechazado el protocolo de retorno a las aulas de Primaria elaborado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, porque los centros educativos no disponen de los recursos humanos y materiales necesarios para minimizar los riesgos sanitarios para los alumnos, y consideran también insuficientes e inadecuadas las instrucciones de la Consejería para la incorporación del profesorado madrileño a los centros educativos.
La Consejería de Educación se ha sentado hoy, a las 12.30 horas, con los sindicatos para presentar su plan de regreso a las aulas, y tanto CCOO como UGT han presentado una batería de medidas y correcciones detalladas al documento que se les remitió el miércoles 3 por Recursos Humanos, a pesar de que al inicio de la reunión, el director general les señalo que este encuentro agotaba la interlocución.
La secretaria de Enseñanza de FeSP UGT Madrid, Teresa Jusdado, señala que los sindicatos desconocen por lo tanto si se tendrán en cuenta sus aportaciones para la incorporación a los centros educativos, por lo que este retorno a las aulas previsto por el Gobierno de Madrid para el lunes 8 de junio no se va a producir con las garantías suficientes para la comunidad educativa.
Por citar algunos ejemplos expuestos por UGT:
- No podrán mantenerse las medidas de distanciamiento, y ante este problema la Consejería solo propone el uso de mascarillas, sin considerar la reducción de ratios o el aumento del profesorado.
- No se garantiza que vaya a haber un aumento del personal de limpieza para llevar a cabo las medidas higiénicas y de limpieza que la propia Consejería proponen en su protocolo.
- No se concreta que organismo y con qué presupuesto se va a llevar a cabo la adquisición del material necesario como mascarillas, guantes, papeleras de pedal, geles hidroalcohólicos y demás elementos considerados necesarios.
- Los protocolos establecidos para enseñanzas como Educación Infantil, Primaria, Adultos, Formación Profesional o Enseñanzas Artísticas son imposibles de llevar a cabo, y se pone como ejemplo el protocolo de Educación Infantil que, además de imposible de cumplir, reduce el currículo a ponerse guantes y mascarillas y quitárselos, pues literalmente no va a dar tiempo a otra actividad, y todo ello sin garantías de mantenimiento de las medidas de higiene y de distanciamiento.
Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, sostiene que la propuesta de la Administración llega «extraordinariamente tarde, como demuestra el hecho de que se regule la Fase uno cuando estamos a punto de entrar en la Fase dos, de modo que se pretende la incorporación presencial a los centros sin que se hayan cumplido aún requisitos de una fase previa y ha solicitado que no se avance a la Fase dos sin cumplir las actuaciones previstas para la fase anterior».
Según CCOO, para paliar los efectos de esa desescalada se pretende delegar en los equipos directivos tareas, funciones y responsabilidades que no les corresponden, como la elaboración de planes de prevención de riesgos laborales, rastreo de posibles contagios o detección de síntomas en personas enfermas, tareas que debería asumir personal especializado en prevención laboral y que tendría que incorporarse a los centros con horario especifico de atención a cada centro.
CCOO ha incidido en un aspecto que considera prioritario, como es el de los recursos humanos, y su adecuación a la situación de crisis sanitaria, en la que aún no están abiertos los centros de salud o normalizada la actividad de los hospitales, circunstancias que hacen inexcusable un aumento de plantilla, con el apoyo de una red de técnicos en prevención de riesgos, personal de enfermería en cada centro y la ampliación de las plantillas destinadas a la limpieza.
Galvín concluye que, con los déficit existentes, «lamentablemente no hay garantías de seguridad y se fuerza la vuelta sin otra motivación que la política, haciendo correr a los equipos directivos, docentes y al alumnado junto con sus familias unos riesgos innecesarios que podrían haberse previsto y evitado», lo que obligará a «actuar a través de los delegados y delegadas de prevención haciendo uso de la potestad que la ley le otorga en esta materia» para el desarrollo de la actividad educativa en los centros escolares.
UGT ofrece una conclusión similar y advierte que «tomará las medidas oportunas y responsabiliza al Gobierno Regional de las consecuencias que el retorno precipitado a las aulas tenga en la población madrileña».
