La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha presentado una batería de propuestas[1] para esclarecer la gestión sobre la pandemia de la COVID-19 en los centros de mayores, para prepararlos para un eventual rebrote del virus, avanzar hacia un nuevo modelo y cubrir el enorme déficit de plazas existente.

Entre las medidas destacan un mayor control y vigilancia de las residencias privadas, la aprobación de un plan de inversiones públicas para la construcción de diez mil plazas en la Comunidad de Madrid y la incorporación a los centros de salud de un médico de geriatría que atienda a las residencias y a la población de su zona.

La inmensa tragedia que ha supuesto el paso del Covid-19 por las residencias de mayores en estos dos meses y medio de pandemia ha sacado a la luz las deficiencias y debilidades de un modelo en el que el peso del sector privado y los fondos de inversión es abrumador.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid calcula que entre el pasado 8 de marzo y el 13 de mayo fallecieron por coronavirus confirmado o con sintomatologías compatibles 5886 ancianos y ancianas en las residencias de la región.

Con estos datos y los testimonios recogidos, la FRAVM sostiene que:

Ante el avance de la enfermedad, estos centros se han convertido en auténticas ratoneras para nuestros queridos abuelos y abuelas, no solo en nuestra región sino en la mayoría de las comunidades autónomas de España y en buena parte de los países de Europa. No es de extrañar. Casi todo el continente comparte el mismo modelo, en el que la idea de negocio se antepone a cualquier noción de servicio público o de cuidados a un colectivo de población vulnerable.

Antes de la llegada de la epidemia, el sector vivía una suerte de burbuja, y era pasto de fondos de capital riesgo, socimis, aseguradoras y constructoras, grandes empresas que mantienen las residencias con el personal mínimo y en condiciones de enorme precariedad, a pesar del elevado precio medio de sus plazas.

Tal y como ha reseñado el propio Defensor del Pueblo en varias ocasiones, haciéndose eco de las denuncias de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), en los tres últimos años las quejas de usuarios y familiares ante el deterioro de la calidad del servicio no han cesado de aumentar, lo que ha generado la eclosión de todo un movimiento social, la Marea de las Residencias, que cuenta con el apoyo cerrado de la FRAVM.

Escasez de personal, falta de limpieza, malos tratos, abandono, deficiencias en los cuidados, problemas con la alimentación, déficit de equipos y materiales… son quejas que se repiten una y otra vez. Diversos medios han señalado que antes de la pandemia las veinticinco residencias públicas de la Comunidad de Madrid tenían 215 empleados menos de los que el propio Gobierno regional estimaba necesario.

Tras analizar la situación de las residencias en España y en la Comunidad de Madrid, baluarte de la externalización de los servicios públicos en el Estado, la FRAVM considera que es urgente y esencial avanzar hacia un cambio radical del modelo, y a través de su Comisión de Mayores, ha elaborado una batería de propuestas que busca dignificar el sector y sentar las bases para que no se vuelva a repetir lo sucedido en estas semanas.

La primera de las propuestas tiene que ver con el esclarecimiento de los datos de fallecidos y afectados por el Covid-19 en las residencias, así como con la depuración de responsabilidades penales y políticas ante una pésima gestión. La Fiscalía General del Estado ha abierto ya 160 diligencias penales en relación a estos hechos. De ellas, 79 se encuentran en la Comunidad de Madrid.

La FRAVM ha mostrado su apoyo a la acción en este marco de Pladigmare, que ha presentado ante la Fiscalía decenas de denuncias. Por ende, da la bienvenida a la Asociación de Personas Afectadas en la Gestión de las Residencias, de ámbito estatal, que el lunes 18 de mayo se presentó públicamente y que ha sido creada «para contribuir al cambio del modelo de cuidados de las personas mayores».

  1. Acceso a las Medidas propuestas por la FRAVM
  2. Imagen: Christian Martínez / El Salto

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