El Gobierno aprueba el proyecto de la nueva ley de educación, que quita peso a la religión y a la concertada

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La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fuente: Presidencia del Gobierno.

El texto, que tendrá que someterse a debate parlamentario, apuesta por acabar con la «segregación del alumnado» que, según el actual Gobierno, realiza la vigente LOMCE.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley educativa que lidera la ministra de Educación Isabel Celaá, con el que quiere derogar la LOMCE y ‘quitar peso’ a la asignatura de religión, además de terminar con la “segregación del alumnado” y reducir el abandono escolar.

La llamada Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida como ley Celaá, sustituirá así a la LOMCE de 2013 y se convertirá en la octava ley educativa de los últimos 40 años.

El texto, aprobado por segunda vez –la anterior, no pudo pasar al Parlamento para su debate tras convocarse elecciones anticipadas– no ha sufrido ningún cambio pese a que ahora el Ejecutivo es de coalición con Unidas Podemos.

Con esto, Celaá evita así que la ley tenga que volver a pasar por los órganos consultivos, como el Consejo Escolar del Estado, y acelerar su tramitación en el Congreso.

Celaá enfatizó en que se trata de una ley que “busca la justicia o equidad, que es dar a cada uno lo que corresponde, y esto no puede ser confundido de ninguna de las maneras con una resta de libertad. Al contrario, es libertad para todos más allá de sus circunstancias», en un claro posicionamiento por la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo.

Este proceso de transformación incluye la modernización de la Formación Profesional, con la colaboración de todos los agentes implicados; la reforma de la profesión docente; el refuerzo de los planes de cooperación territorial, y la reforma del actual modelo de becas que garantice la igualdad de oportunidades.

Estos son algunos de los principales cambios que propone la nueva ley.

Mayor personalización del aprendizaje

Asimismo, la norma plantea un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. De igual forma, la educación para el desarrollo sostenible ha de incluirse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria.

Es una propuesta que multiplica el esfuerzo, que ya no es solo del estudiante. Se trata de un sistema educativo que acompañe a los estudiantes en su desarrollo como individuos, como ciudadanos de una sociedad democrática, y como profesionales competentes.

La digitalización es otro de los ejes fundamentales de la Ley. Se trata de una iniciativa transversal que implica una nueva forma de adquirir conocimiento y gestionar la información, y que transforma también la economía y el empleo. Para desarrollar esta estrategia, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha elaborado el Plan de digitalización y desarrollo de la competencia digital en Educación y Formación Profesional.

El Proyecto de Ley aprobado pretende extender la educación infantil 0-3, además asegura una distribución equilibrada del alumnado y refuerza la prevención de la segregación entre escuelas y entre las redes pública y concertada, para que todos los alumnos dispongan de las mismas oportunidades.

El objetivo de la LOMLOE es que el alumnado tenga más y mejores oportunidades educativas, el profesorado cuente con los recursos necesarios para una educación más personalizada, y las familias, con una participación más activa.

Equidad

La norma pretende garantizar a estudiantes, profesorado y centros, un modelo inclusivo y moderno sin itinerarios segregadores ni reválidas. Se eliminan los itinerarios de 4º de la ESO, de forma que cualquier opción conduce al mismo título de graduado en ESO. Los alumnos y alumnas que superen la FP Básica recibirán el título de graduado en ESO, lo que les permitirá el acceso a cualquier enseñanza postobligatoria. Por otro lado, introduce evaluaciones-diagnóstico en 4º de Primaria y 2º de ESO, para que los centros y profesores desarrollen planes estratégicos de mejora continua.

Derechos de la infancia como principios rectores

La  Ley educativa incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. Además, el texto adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación.

El Proyecto de Ley defiende que la educación pública es el eje vertebrador del sistema, abordando la tarea educadora acompañado de un importante sector de la escuela concertada que cumple sus fines sociales.

Currículo

El Proyecto de Ley apuesta por la actualización del currículo, haciéndolo más flexible y competencial, dejando a un lado los contenidos enciclopédicos y memorísticos.

Etapas y repetición de curso

La LOMLOE busca impulsar la educación infantil. La nueva ley recupera el carácter educativo de la educación infantil que la LOMCE cercenó para ir hacia un modelo más asistencial. 

La Educación Primaria recupera los ciclos, donde antes había seis cursos independientes, ahora habrá tres agrupados de dos en dos. La Ley elimina la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria (desaparece la anterior división de materias en troncales, específicas y de libre configuración) y se suprimen definitivamente las pruebas finales de etapa.

El texto lleva a cabo una regulación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional. Se recupera el modelo de desarrollo curricular compartido entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios.

En Bachillerato, se prevé la posibilidad de que, excepcionalmente y cuando el claustro valore que se han obtenido los objetivos del ciclo, se obtenga el título por compensación en caso de superar todas las materias salvo una.

Religión

La religión será materia de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria, y se elimina la obligación de cursar otra asignatura alternativa a quienes no eligen religión. La calificación de la religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros.

Participación de la comunidad educativa

El texto aprobado incrementa la autonomía de los centros y la participación en su gestión de toda la comunidad educativa. Garantiza la participación activa de los padres y madres en el consejo escolar y la libertad de elección de centro. El profesorado verá reforzado su papel protagonista en la acción educativa mediante la capacidad de adaptar los planes de trabajo y aplicar pedagogías activas.

La nueva norma da prioridad a los centros que se organicen bajo el principio de coeducación. De esta forma, aquellos que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su sexo o su orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la ley.

Periodista multimedia especializado en Community Manager. Después de contar historias desde Pekín, disfruto de la comunicación en Cantabria y Madrid. Apasionado de la cooperación al desarrollo y los deportes.

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