Amnistía Internacional ha hecho público su informe anual de 2021 en el que denuncia que los dirigentes del mundo se confabularon con gigantes empresariales para acaparar poder y beneficios, que en el ámbito de España tuvo aspectos negativos como la impunidad por lo sucedido en las residencias, la incoherencia en el trato a personas refugiadas, el riesgo de consolidación de las amenazas a la libertad de expresión; aunque surgieron aspectos positivos, como una agenda legislativa que, de confirmarse, en 2022 puede hacer avanzar los derechos humanos.